El Gobierno gastó USD 1.789 millones en contratos ocasionales en 2023. En la Senescyt, el 81% de los funcionarios tenía este tipo de contrato.
La Ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ha cuestionado que uno de los problemas que engrosan el gasto público en salarios es que los contratos ocasionales "no respetan la temporalidad y se convirtieron, en muchísimos casos, en contratos indefinidos".
El Ministerio de Trabajo registró a 492.615 funcionarios públicos dentro de las entidades que forman parte del Presupuesto del Estado, a diciembre de 2023. De estos, el 22% o 109.684 empleados tenían contratos ocasionales.
La ministra cuestionó los contratos ocasionales luego de criticar a los "sueldos dorados" en las empresas públicas.
De ahí que el pasado 17 de marzo de 2024, el Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.
Con esta medida se espera recortar USD 20 millones de gasto al mes o USD 240 millones en un año, dijo Núñez.
Por su parte, los sindicatos de varias empresas públicas han advertido que reducir salarios a los trabajadores es inconstitucional.
¿Dónde hay más contratos ocasionales?
El Gobierno de Daniel Noboa busca estrategias para reducir uno de los gastos más fuertes del Estado: el de los salarios de la burocracia, que en 2023 sumó USD 9.738,5 millones.
Esa suma representó una tercera parte (32%) del gasto total del Presupuesto General del Estado en 2023.
Al poner la lupa sobre los contratos ocasionales, el Estado gastó USD 1.789 millones en los 109.684 burócratas con este tipo de contrato en 2023, según datos del Ministerio de Trabajo.
Se trata de contratos en las 249 entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, entre los que están, por ejemplo:
- Los ministerios.
- Las secretarías y agencias de la Función Ejecutiva.
- Asamblea Nacional.
- Fiscalía.
- Consejo Nacional Electoral.
- Consejo de la Judicatura.
El Presupuesto General del Estado no incluye a los trabajadores de las empresas públicas ni de los gobiernos locales.
Pese a que un eventual recorte al gasto a la burocracia podría apuntar a los contratos ocasionales, no será una tarea sencilla.
Lo anterior porque las dos entidades que concentran el mayor número de trabajadores con esa modalidad de trabajo son el Ministerio de Educación y el de Salud. Es decir, un ajuste podría golpear a sectores sociales prioritarios.
En el caso de los dos Ministerios, además son las entidades con más funcionarios públicos en general. Juntas las dos entidades representan el 53% de todos los empleados del sector público.
Educación tenía 178.297 funcionarios a diciembre de 2023, siendo la mayoría profesores. De total de funcionarios de Ministerio de Educación, el 22% tenía contratos ocasionales.
Y el Ministerio de Salud registró 84.670 funcionarios, principalmente, doctores, enfermeras y otro personal operativo médico. El 40% de funcionarios de ese Ministerio tiene contratos ocasionales.
Esto ocurre pese a que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece que los contratos ocasionales en las entidades públicas no pueden superar el 20% del total de trabajadores.
Las entidades solo pueden sobrepasar ese porcentaje cuando exista una autorización del Ministerio de Trabajo, explica la abogada laboral María José Álvarez.
En Senescyt casi todos tienen contrato ocasional
En cambio, en la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) se reportaron 4.132 funcionarios hasta diciembre de 2023, de los cuales el 81% tenía contratos ocasionales, cuatro veces más de lo que la ley permite.
A febrero de 2024, la entidad redujo ligeramente su nómina y reporta 4.103 empleados.
Como una medida de optimización del tamaño del Estado, el expresidente Guillermo Lasso ya propuso eliminar a la Senescyt, cuya misión es "ejercer la rectoría de la política pública en materia de educación superior, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales".
Y cuando era candidato, Noboa también propuso suprimir esa entidad, sin embargo, no se ha concretado.
Con trabajo, pero sin estabilidad
Álvarez explica que, por su naturaleza, los contratos ocasionales no deberían prolongarse por más de un año.
Los contratos ocasionales no otorgan estabilidad, pues pueden terminarse en cualquier momento por cualquiera de las dos partes.
Este tipo de contratos ahorran además gastos por indemnizaciones al Estado en caso de despidos, a diferencia de los contratos de funcionarios con nombramiento, que son más costosos y difíciles de terminar.
Álvarez menciona que los contratos ocasionales fueron creados para satisfacer necesidades no permanentes en las entidades, por ejemplo, "si se requiere contratar por un tiempo corto a personas para algún proyecto puntual o para reemplazar a mujeres embarazadas".
Según el artículo 58 de la Losep, se considera que en una entidad se requiere un cargo permanente cuando luego de un año de contratación ocasional, se mantiene a la misma persona en el cargo, o se contrata a otra, bajo esa modalidad, para suplir las mismas funciones.
Álvarez considera que la contratación ocasional se ha desnaturalizado y se ha vuelto más común en el Estado porque da más facilidad para suprimir cargos y ahorrar gastos en medio de los planes de optimización que anuncian los gobiernos.
"No se debe satanizarlos tampoco, pero se han vuelto usuales porque en las entidades no se impulsan y fortalecen los concursos de méritos y oposición", añade.
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