Piden destituir a jueces que ordenaron a Finanzas pagar indemnización millonaria sin sustento
Uno de los jueces, ahora observados por la Corte Constitucional, por ordenar a Finanzas que haga un pago millonario sin sustento, fue sancionado en 2023 por favorecer a Daniel Salcedo, investigado por corrupción.
Fachada de la Corte Constitucional, el 6 de mayo de 2022.
Página web del CPCCS
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La Corte Constitucional pidió a la Fiscalía investigar a tres jueces de Los Ríos, cuya decisión de otorgar un habeas data ha golpeado al propio mercado de valores de Ecuador.
El habeas data fue solicitado a esos jueces de Los Ríos el 3 de mayo de 2021 por los hermanos José Fernando, Elías y Juan Bucaram Aivas en contra del Ministerio de Agricultura para recuperar la propiedad de unas tierras camaroneras en la Isla Palo Santo (Guayas).
Lo curioso es que el pedido de los Bucaram Avias se basa en que hace 35 años el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) habría anulado, de manera ilegal, la propiedad que tenían sobre esos predios.
Y añadieron que, con base en esas resoluciones del exIERAC, las tierras pasaron a manos de camaroneras perjudicándolos.
El juez de la Unidad Judicial de Los Ríos, Carlos Bowen Lavayen, tramitó el pedido en menos de dos meses y emitió un fallo el 20 de junio de 2021. En su sentencia, Bowen concedió el habeas data y ordenó que la propiedad de esas tierras les fuera restituida a los Bucaram Avias.
Esa decisión, el 2 diciembre de 2021, fue ratificada por los jueces de la Sala Provincial de los Ríos, Lenin García Párraga y Julio Almache Tenecela.
Para abril de 2022, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Guayaquil ya había fijado un monto de indemnización de USD 22 millones para los Bucaram, por la sentencia de la Corte de Los Ríos.
Corte Constitucional anula decisión de Jueces de Los Ríos
Frente a los fallos en las cortes de Los Ríos, la Procuraduría General del Estado y las nueve camaroneras que hoy operan en esas tierras interpusieron en agosto de 2022 acciones de protección ante la Corte Constitucional, durante 2022.
El 18 de abril de 2024, un fallo de la Corte Constitucional, finalmente, le dio la razón a las camaroneras y a la Procuraduría.
Con ese fallo, se anuló el habeas data a favor de los Bucaram Aivas.
Jueces de los Ríos excedieron sus funciones
En la sentencia, la Corte Constitucional cuestiona el accionar de los jueces y dice que fueron más allá de sus funciones al otorgar la propiedad de esas tierras a favor de los hermanos Bucaram Aivas, a través de un habeas data, lo que no se podía hacer.
Lo anterior porque el habeas data es una garantía constitucional a la que puede acceder toda persona para conocer, actualizar y rectificar su información personal, pero no para anular la propiedad de una persona sobre un bien y ponerlo a nombre de otra.
La queja de los Bucaram Aivas debió haber sido resuelta a través de un juicio ordinario y no a través de una garantía constitucional, dice la Corte Constitucional.
De ahí que la Corte Constitucional cree que, al haber sido arbitrarias y contrarias a Derecho, las decisiones de los jueces podrían, potencialmente, ameritar sanciones de mayor gravedad.
Pedido de destitución e investigación
La Corte dice que los jueces podrían haber incurrido en una falta penal, por prevaricato, por lo que, en su fallo, señaló que remitiría el expediente del caso a la Fiscalía para que realice una investigación sobre los hechos.
Además, ordenó remitir el expediente al Consejo de la Judicatura, a fin de que imponga las
sanciones pertinentes, lo que podría incluir destitución de los jueces.
Uno de los jueces favoreció a Daniel Salcedo
Uno de los jueces que emitió el habeas data, Carlos Bowen Lavayen, ya fue sancionado con suspensión de funciones por el Consejo de la Judicatura en 2023, por emitir un fallo que favorecía a Daniel Salcedo, ahora investigado por corrupción en el caso Metástasis.
El juez había ordenado, en ese entonces, que le devuelvan un auto y cinco cuentas bancarias a Salcedo, quien estaba siendo procesado en ese entonces por el delito de peculado, relacionado con la compra-venta irregular de medicinas para hospitales en plena pandemia del Covid-19 en Ecuador.
Graves efectos en el mercado de valores
Las consecuencias del fallo de los jueces de Los Ríos no solo tocan a las camaroneras que casi pierden la propiedad sobre sus tierras, sino que trastocó al mercado de valores de Ecuador.
El Ministerio de Finanzas emitió bonos internos para pagar los USD 22 millones ordenados por los jueces de Los Ríos a los Bucaram Aivas.
Esos bonos ya fueron negociados; es decir, fueron vendidos a inversionistas en el mercado de valores, con lo que los Bucaram Aivas obtuvieron el dinero en efectivo de la indemnización.
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Finanzas y al Banco Central recuperar esos valores.
De ahí que el Banco Central bloqueó temporalmente esos bonos, pese a que ya no pertenecen a los Bucaram Aivas, sino a terceros inversionistas.
Han surgido dudas entre los inversionistas que compraron esos papeles (desconociendo el lío legal que hay detrás) de si podrán cobrar a futuro su dinero.
Todo esto ha generado incertidumbre en el mercado de valores.
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