Ecuador hizo en 2023 una inédita consulta contra la extracción en el ITT y en 2024 deberá cumplirla

Ecuador se convirtió en 2023 en el primer país del mundo en votar el cierre de una explotación petrolera y en 2024 tendrá la misión de cumplir con la decisión de ese histórico plebiscito celebrado en agosto, que ordena cerrar los pozos y desmantelar el Bloque 43-ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, considerado el corazón de la Amazonía ecuatoriana.

Con un 58,95 % de los votos, los ecuatorianos optaron el pasado 20 de agosto a favor de dejar indefinidamente en el subsuelo reservas de petróleo por valor de USD 13.800 millones para los próximos 20 años, según las estimaciones de la empresa estatal Petroecuador, que desde 2016 inició la explotación de este yacimiento, uno de los más importantes del país.

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Desde la proclamación oficial de los resultados del plebiscito realizada el 31 de agosto, el Gobierno ecuatoriano tiene en principio el plazo de un año para proceder con el cese de operaciones y el desmantelamiento de las instalaciones del Bloque 43-ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).

Ese es el tiempo límite marcado por la Corte Constitucional de Ecuador en su inédita sentencia en la que dio luz verde a la celebración de esta consulta popular, tras diez años de litigios con las instituciones ecuatorianas del colectivo ambientalista Yasunidos para llevarla a cabo luego de reunir 757.000 firmas a favor de realizar la votación.

Un millonario desmantelamiento

Durante este 2023, el Bloque 43-ITT alcanzó un pico máximo de producción de 58.000 barriles de crudo al día, que equivalen a aproximadamente el 11 % de la producción nacional de petróleo de Ecuador, situada en torno a los 490.000 barriles por día.

Al coincidir el plebiscito con las elecciones generales, el Gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso prefirió continuar con la explotación del yacimiento y dejar en manos de su sucesor, Daniel Noboa, el cese de las operaciones, realizadas hasta el momento sin derrames ni accidentes ambientales en uno de los entornos ecológicos más sensibles del planeta.

El Gobierno de Lasso se oponía firmemente al cierre del Bloque 43-ITT al argumentar que, según los datos de Petroecuador, generaba unos USD 1.200 millones al año en beneficios para el país, mientras que el desmantelamiento de las instalaciones ascendería a unos USD 500 millones, tras haber invertido USD 2.000 millones en su construcción

Sin embargo, el ex gerente general interino de Petroecuador, Reinaldo Armijos, ya habló en diciembre de que retirar toda la infraestructura y cerrar los 230 pozos perforados tendría un coste más próximo a los USD 1.800 millones.

Noboa, a favor de cesar explotación

Durante la campaña electoral, Noboa sorprendió al posicionarse a favor de dejar de explotar el Bloque 43-ITT al considerar que los precios internacionales del petróleo a medio y largo plazo iban a hacer que dejase de ser rentable la extracción de petróleo de este yacimiento, algo que hasta el momento no se produce.

Y así el joven presidente de 36 años deberá cumplir con el mandato popular de cerrar los pozos en medio de una delicada situación económica para el país, que tiene en el petróleo a una de sus principales fuentes de ingreso y que, pese a ello, acabará el 2023 con un déficit en torno al 5 % del producto interior bruto (PIB), equivalente a unos USD 5.000 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha apuntado a financiar el cierre del Bloque 43-ITT a través de la colocación de bonos verdes y también con la búsqueda de inversión privada para potenciar campos maduros, pues Ecuador no tiene en el corto plazo otro yacimiento que pueda suplir los recursos de este.

Protesta de indígenas waoranis

En los últimos días de 2023 la producción del yacimiento cayó en picado por el cese de operaciones en el campo Ishpingo, el más importante del Bloque 43-ITT, ante la protesta de la comunidad de Kawymeno, la única de la nacionalidad indígena waorani que forma parte del área de influencia de la explotación.

Los integrantes de la comunidad, muchos de ellos contratados por Petroecuador, piden a la empresa el cumplimiento de acuerdos tras haberse manifestado durante el plebiscito a favor de continuar con la operación petrolera, en contra de la opinión mayoritaria del pueblo waorani, el más numeroso del Yasuní, que pedía votar por el cese de las operaciones.

La posición de Kawymeno de seguir con la extracción del crudo en este yacimiento también fue la mayoritaria dentro de la provincia amazónica de Orellana donde se encuentra el Bloque 43-ITT, si bien imperó el criterio de la población a nivel de nacional que abogó por detener la intervención petrolera en una de las áreas de mayor biodiversidad del mundo.