Ministro de Trabajo: 'necesitamos una ley más moderna, más ágil'

La pandemia por covid-19 no solo ha causado una crisis sanitaria en Ecuador, sino también económica y social. Una de las mayores preocupaciones en el país es la pérdida de empleos por la suspensión de actividades durante más de dos meses.

En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Trabajo, Luis Poveda, habla sobre la situación del mercado laboral ecuatoriano.

¿Cuántos empleos públicos y cuántos empleos privados se han perdido por la crisis?

En el sector público se han terminado más de 3.000 contratos de servicios ocasionales. Esto se puede hacer por acuerdo entre las partes o de manera unilateral.

En el sector privado se han registrado 115.000 contratos de trabajo que han terminado por despido intempestivo, acuerdo entre las partes, aplicación del inciso sexto del artículo 169 del Código de Trabajo y otras causales.

No todas las desvinculaciones se han registrado aún porque hay trabajadores que prefieren hacerlo ellos mismo de forma personal en el Ministerio.

¿Cuántas terminaciones de contrato se han justificado en la causal de fuerza mayor o caso fortuito?

Por el numeral sexto del artículo 169 del Código de Trabajo tenemos registradas cerca de 11.500 terminaciones de contratos individuales.

¿Qué tiene derecho a recibir un trabajador que es desvinculado por esta causal?

Usted ha dicho que se ha reunido con empleadores para que vuelvan a contratar a los trabajadores cuando se reactive la economía. ¿Cómo motivar a los negocios que han tenido pérdidas y que tendrán que endeudarse para hacerlo?

El Ministerio de Trabajo se ha mantenido activo durante la crisis. Cuando se presentan las denuncias de terminaciones de contratos individuales el inspector de trabajo inmediatamente verifica los motivos.

En este contexto el Ministerio ha llamado a los empleadores al diálogo social. Los empleadores nos han manifestado que ahora les es difícil cubrir la nómina cuando las empresas no producen y por lo tanto no tiene liquidez. Pero, se han comprometido a contratar a los trabajadores cuando se reactiven las actividades.

Vamos a plasmar estos diálogos en una acta en el Centro de Mediación del Ministerio de Trabajo.

Y, ¿qué pasa con los derechos de aquellos trabajadores que fueron vulnerados? Por ejemplo, hay casos de personas que tenían 18 o 19 años de servicio y estaban cercanas a cobrar la jubilación patronal.

¿Por qué el Ministerio no se ha pronunciado sobre la figura de paro, que puede ser una alternativa a los despidos?

En estos días se van a reactivar los términos de esa figura, porque todos los términos estuvieron suspendidos en función de la suspensión de las actividades, a través del Decretro Ejecutivo 1017, en el cual se declaró el estado de excepción por calamidad pública.

Entre el 26 y 27 de mayo ya se podrán realizar trámites administrativos como visto bueno, conflictos colectivos de trabajo y el paro patronal.

Las empresas están evitando que los grupos de riesgo e incluso personas mayores de 50 años de edad laboren de forma presencial. Esto ha hecho que algunos negocios opten por no contratar personas con estas características. ¿Hay algún plan de incentivos para hacer que los grupos de riesgo puedan volver a ser atractivos para contratar? 

Los grupos que son prioritarios están contemplados en en el artículo 35 de la Constitución. Para ellos la prioridad es el teletrabajo, porque lo importante es preservar la salud de los trabajadores.

Nosotros como autoridad de trabajo estamos en la obligación de amparar y proteger al más débil de la relación laboral, como es el trabajador.

El teletrabajo se puede aplicar en algunas actividades, pero no en todas como por ejemplo la construcción. ¿Qué pasa con los trabajadores que tiene alguna discapacidad o que tienen más de 50 años en estos sectores? ¿Cómo garantizar que puedan trabajar y tener una fuente de ingresos?

No es que no van a tener una fuente de ingresos. Lo que se ha dicho es que a los trabajadores que son parte de algún grupo de atención prioritaria se los debe proteger, mediante el teletrabajo o ubicándolos en actividades en las que no estén expuestos.

¿Por qué el Ministerio dispuso que la Covid-19 sea una enfermedad laboral solo cuando se pueda determinar de forma científica, mientras en otros países, como Colombia, se aplica en todos los casos?

Se hizo una resolución con base en una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Asamblea Nacional hizo una reforma en la Ley Humanitaria para al final del artículo 363 del Código de Trabajo se añada un nuevo numeral que establece como enfermedad laboral a los síndromes profesionales agudos causados por virus en el caso del profesionales de salud, personal de higiene y salubridad.

¿El Ministerio está trabajando en una reglamentación para los nuevos acuerdos que propone la nueva ley? 

La ley, que todavía no está vigente, busca facilitar, por todos los medios legales, los acuerdos que se deben ajustar a la realidad que vive el país por la crisis sanitaria, económica y social.

La misión del Ministerio de Trabajo será el permanente control y supervisión para el fiel cumplimiento de los acuerdos.

¿Es la legislación laboral ecuatoriana demasiado rígida? ¿Necesita cambios? ¿Cuáles?

¿Qué ha pasado con las reformas laborales que iba a enviar el Ministerio? ¿En qué estado se encuentra?

La reforma todavía no ha sido enviada a la Asamblea Nacional para su procedimiento correspondiente.

Según el mismo Gobierno, en el país se podrían llegar a perder 508.000 empleos por la crisis. ¿Qué están haciendo al respecto para evitar este escenario? 

Para evitar esto se creó el programa Reactívate Ecuador, que tiene más de USD 1.100 millones que son para cubrir nómina, con el objetivo de dar apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas.

Una de las grandes preocupaciones del Gobierno es mantener la estabilidad laboral. Por eso, su tercer eje de trabajo en este año es el empleo.

¿Cómo cambiará el mercado laboral ecuatoriano, estructuralmente, después de esta pandemia?

Tenemos muchas herramientas para sostener el trabajo, como el teletrabajo y la reducción de la jornada laboral por dos horas diarias durante seis meses.

Los trabajadores van a ver una reducción en su remuneración, pero van a mantener su trabajo, la seguridad social y los beneficios de ley.