Apenas 7% de municipios entrega información de bienes de ciudadanos al SRI

Los 221 municipios del país están obligados a entregar cada año al Servicio de Rentas Internas (SRI) un formulario con información de los inmuebles y patentes de sus jurisdicciones. Pero no han cumplido.

Pese a que la medida está vigente desde julio de 2020, solo 15 de los 221 cantones ha entregado esos documentos; es decir, el 7% del total.

Contar con estos datos actualizados permite al SRI verificar si los contribuyentes pagan los impuestos que les corresponde y, de esa forma, reducir la evasión, dice Francisco Briones, director de la entidad.

Entre los municipios que cumplen con el SRI están: Cuenca, Ambato, Daule, Pelileo, Antonio Ante, Gualaceo, Jipijapa, Junín y Pucará.

El formulario que se entrega al SRI debe incluir, además, el detalle de los espectáculos públicos y de los títulos habilitantes que permiten la prestación de servicio de transporte público en los cantones.

Un primer acercamiento

El SRI comenzó una campaña de acercamiento e información con los gobiernos locales que generan la mayor recaudación de impuestos.

Como parte de esas acciones, Briones preveía reunirse con los alcaldes de Quito, Rumiñahui y Samborondón.

Estas tareas permitirán aumentar la recaudación de todos los impuestos, incluida la contribución especial de las empresas y las personas naturales con altos patrimonios.

El SRI recaudó USD 436 millones por este tributo único en los cinco primeros meses de 2022.

Llama la atención que la recaudación de ese impuesto es más alta en Quito, que aporta con USD 200 millones, equivalente a 46% del total.

Mientras tanto, en Guayaquil se recaudó USD 101 millones o el 23% del total.

¿Hay evasión? Aunque Briones explica que Quito tiene más contribuyentes que deben cumplir con esa obligación que la ciudad portuaria, dice que la información que deben reportar los cantones permitirá verificar si los contribuyentes aportan lo que tienen que pagar.

Las sanciones

Después de la etapa de acercamiento con los alcaldes, el SRI aplicará sanciones a los municipios que no cumplan con la entrega de la información.

Entre las sanciones está prohibir la emisión de facturas a estos gobiernos seccionales. Al no poder entregar estos comprobantes se dificulta el cobro de tasas a los ciudadanos.

El catedrático de la Universidad Espíritu Santo, Javier Bustos, explica que las alcaldías pueden, además, enfrentar sanciones económicas establecidas en el Código Tributario.

Bustos considera que el trabajo de recabar la información solicitada por el SRI es engorroso y complicado, sobre todo porque tienen que mantenerla actualizada y es mucha data.

"Implica la consolidación de grandes volúmenes de información", dice Bustos.

Más bien, el SRI debería cruzar datos con las bases digitales del Registro de la Propiedad y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), añade Bustos.