Proyecto Río Blanco amenazado por actividades de minería ilegal cerca de la veta principal

El gobierno está tratando de evitar que el proyecto minero Río Blanco, concesionado a la empresa Ecuagoldmining, se convierta en un foco de “minería criminal”, como ocurrió en La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura.

Lo dice el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables a PRIMICIAS, al informar que existe evidencia de que personas extrañas ingresaron sin permiso al proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay, para tomar muestras de oro y plata.

Ecuagoldmining está formada por las empresas chinas Junefield Ecuador y Hunan Gold.

El ministerio dijo que las instancias de seguridad del Estado serán activadas para evitar la minería ilegal.

La Comisión para el Control de la Minería Ilegal (CECMI) está trabajando en una estrategia para restringir el ingreso de mineros ilegales a 60 kilómetros a la redonda de Cuenca.

Ilegales, cerca de la veta principal

Las alertas por actividades de minería ilegal en una de las vetas de Río Blanco fueron reportadas por la propia Ecuagoldmining.

Un informe del 4 de abril de 2019, al que tuvo acceso PRIMICIAS, revela la existencia de actividades irregulares.

Hu Bende, presidente de la empresa Ecuagoldmining South América S.A., envió el informe al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y al Ministerio del Interior.

En una inspección realizada por la empresa se detectó que existe la extracción de material mineralizado en tres lugares a lo largo de la veta Alejandra, en sentido norte-sur.

“Han incursionado en puntos muy cercanos al yacimiento principal, donde se registra la mayor concentración de oro”.

Informe de Ecuagoldmining

En la zona conocida como Dorada, de la veta Alejandra, los mineros informales forzaron las puertas de las galerías de exploración.

No ingresaron a los túneles porque éstos colapsaron producto de las incursiones de los mineros ilegales.

Bende reconoció que la cantidad extraída fue pequeña. Tiene la presunción de que se trató de actividades para sacar muestras y conocer el potencial mineralógico de la zona.

El informe de la empresa detalla que los mineros ilegales aprovechan la etapa invernal para ocultarse en la niebla y así evitar el control de la Policía y de la seguridad privada.

El presidente de la empresa informó a los dos ministerios que “las comunidades viven en continua zozobra, no solo por la invasión del proyecto, sino por las agresiones y amenazas que reciben de quienes se oponen a su desarrollo”.

En el documento, Bende solicita inspecciones en la zona baja del yacimiento para que constaten la existencia de actividad minera ilegal.

Debate por el agua

El proyecto minero Río Blanco fue suspendido por daños a su estructura el 6 de mayo de 2018.

El cierre temporal también obedece a dos sentencias judiciales: la primera, del 18 de junio de 2018 y, la segunda, del 2 de agosto de 2018.

El gobierno fue acusado de no haber realizado la consulta previa a las comunidades de la zona antes de iniciar las actividades mineras en su concesión.

De forma paralela, un grupo antiminero de la parroquia de Molleturo impide el acceso a los trabajadores de Ecuagoldmining.

El Ministerio de Energía indicó que los habitantes de las comunidades Río Blanco, Cochapamba, Zhín Alto y Llano Largo denunciaron actos violentos ocasionados por sectores opuestos a la minería.

Los supuestos afectados argumentan que las actividades de extracción afectarán las fuentes de agua.

La empresa Ecuagoldmining dice que el proyecto está fuera de las cuencas hidrográficas de Cuenca.

El proyecto, según la minera, cuenta con un sistema de “cero descargas”, que permite recircular el agua en el proceso de extracción.

El ministerio afirmó que la suspensión de las actividades dejó a más de 100 familias y organizaciones productivas sin los programas de apoyo de Ecuagoldmining.

Pero en su página web, Ecuagoldmining informa que sigue colaborando con las comunidades de las zonas de influencia del proyecto.

La Corte tiene la palabra

El gobierno presentó, en septiembre, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para que se levanten las dos sentencias y la aclaración del recurso de apelación.

La idea es reactivar el proyecto minero Rio Blanco, considerado por el gobierno como estratégico.

Un informe del Banco Central de enero de 2019 establece que proyecto de oro y plata generará USD 624 millones por exportaciones entre 2019 y 2028.