En cinco meses, tres unidades de vigilancia policial en Guayaquil han sido blanco de atentados con explosivos o balas. La agente Verónica Songor murió tras el último ataque.
Una capilla ardiente recibió a familiares y amigos de la policía Verónica Songor, quien falleció el 16 de octubre de 2022, ocho días después de un atentado contra la Unidad de Policía Comunitaria de Socio Vivienda 1.
Este es el tercer atentando contra unidades policiales en los últimos cinco meses en Guayaquil, los cuales tendrían como responsables al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación y a la banda de Los Tiguerones.
El primero ocurrió al mediodía del 27 de abril, cuando sujetos en motocicleta dispararon directamente a las ventanas de la UPC de Socio Vivienda 2. En esa ocasión no hubo muertos, ni heridos.
Casi un mes después, el 29 de mayo, hubo un segundo atentado contra las unidades, esta vez con un coche bomba que explotó afuera de la Unidad de Vigilancia Comunitaria de La Florida, al noroeste de Guayaquil.
Este uno de los recintos policiales más grandes, que congrega distritos como Nueva Prosperina, al que pertenece, por ejemplo, Socio Vivienda.
Otros dos atentados se han producido en un contexto confuso, en el que directamente han disparado contra patrulleros, como el ocurrido en Jujan (Guayas), cuando dos uniformados murieron tras ser baleados en un vehículo.
Las amenazas
Los tres atentados ocurridos en Guayaquil contra las unidades policiales han tenido la misma marca de la banda de Los Tiguerones, vinculados con el cartel Jalisco Nueva Generación, confirmó una alta fuente policial.
“No quieren que nadie moleste en sus operaciones”, añade.
En el sector de Socio Vivienda, ese grupo delictivo es uno de los que disputa el control para sus actividades delictivas y los detenidos por el asesinato de la policía Songor fueron identificados como parte de esa banda.
Mientras que en el atentado a la UVC de La Florida, la primera hipótesis que manejaron las autoridades fue que molestaron a los miembros de Los Tiguerones, después de que policías borraran con pintura los grafitis que aluden a los símbolos de ese grupo.
Pero también hay un claro mensaje detrás de los atentados contra las unidades de Policía: "Van contra la sociedad y contra el Estado, el delincuente quiere imponer el terror”, dice una fuente policial.
Es decir, usar la violencia como un mecanismo para amedrentar al Estado, coincide Daniel Pontón, investigador de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
“La violencia no solo se comete, sino que se emula, las bandas criminales entendieron que con este tipo de atentados pueden amedrentar a los bandos contrarios”, sostiene Pontón.
"El éxito de un trabajo policial eficiente es controlar el crimen con el menor número de bajas civiles y policiales".
Daniel Pontón
Esta es una trama predecible de lo que ha pasado en otros países y que se está cumpliendo, pero “el Estado está manejando este problema como espectador”, asegura Pontón.
Mientras tanto, el Gobierno sigue refiriéndose a las necesidades de equipamiento y tecnología de la Policía como un proyecto a futuro, que todavía no se concreta.
“Posiblemente la próxima semana le presentaremos al Presidente todo el proyecto de equipamiento de la Institución, donde están contemplados los nuevos policías graduados”, dijo el ministro Zapata, en el velorio de la policía Songor.
El equipamiento debe ser completo, dijo Zapata. “Armas cortas, largas, patrulleros, vehículos blindados, sobre todo los chalecos, municiones para el entrenamiento y para el día a día de los uniformados”.
Sin embargo, aún no hay fecha para concretar este plan.
16 policías asesinados en 2022
Mientras la agente Songor fallecía en Guayaquil, otro policía fue asesinado por intentar frustrar un robo en una gasolinera, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
Eduardo Pelarza es el último uniformado que engrosa la lista de 16 policías asesinados en el país en el ejercicio policial en lo que va de 2022.
Es una cifra sin precedentes. En 2020 se reportaron tres agentes policiales que murieron por actividades relacionadas con su trabajo. En 2021 fueron 10.
“La situación es compleja, sabemos que este trabajo tiene riesgos”, dijo Zapata.
Pero esos riesgos se han elevado con atentados terroristas que no han sido detectados previamente por la propia Inteligencia policial.
Desde 2021, se han producido por lo menos siete atentados con explosivos y armas largas a instalaciones de la Policía Nacional en Guayas, Esmeraldas y El Oro.
Las tres provincias son parte de la ruta del narcotráfico y entre todas acumulan cerca de 2.100 crímenes violentos, en su mayoría relacionados con el crimen organizado, según la Policía.
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