USD 50 mensuales pagan los transportistas a extorsionadores

Bryan Chuchuca, de 32 años, era un conductor de bus de la Cooperativa Panorama, en Durán, que fue secuestrado durante 48 horas y después hallado muerto con signos de tortura, lo que alertó a los transportistas.

Los delincuentes exigieron una importante cantidad de dinero a los familiares, según los primeros informes policiales. 

Su asesinato causó conmoción en el gremio de transportistas y los obligó a romper el silencio.

“No se está perdiendo plata solamente, no se ve ninguna reactivación y la muerte de Bryan es la gota que derramó el vaso”, dijo Abel Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte. 

Son más de 1.000 buses que abarcan alrededor de 50 rutas del noroeste de Guayaquil que en este momento están pagando entre USD 30 a USD 50 mensuales a extorsionadores “por protección”, para dejarlos trabajar.

“Estamos pagando para poder tener algo de tranquilidad, porque de lo contrario no tendríamos conductores, porque ellos no quieren trabajar”, dice un conductor que prefiere la reserva de su nombre.

Los delincuentes contactan a los jefes de grupos de cada cooperativa para explicarles las reglas de cómo serán los pagos y el monto.

Todos los dueños de las cooperativas han tenido que acceder al pago de la extorsión.

“A unos compañeros los llaman para amenazar a sus familias, les dicen los nombres de los hijos, donde estudian y les han pedido hasta USD 3.000. La gente quiere irse de la ciudad”, dice un dirigente.

Más controles

La mayor cantidad de casos se registra en los sectores que coinciden con los ya identificados por la Policía, como Monte Sinaí, la Ladrillera, Ciudad de Dios y Las Orquídeas, rutas del noroeste de Guayaquil donde existen más crímenes violentos.

“Los transportistas estamos quebrados y encima ahora debemos dar esta extorsión a los que quieren vivir de manera gratuita, que nos advierten que si no pagamos nos queman, nos matan”, dice Ricardo Onofre, un transportista.

El gremio de transportistas ha exigido mayores controles a la Policía, pero sin éxito. 

“Somos vulnerables, porque siempre estamos en la calle, pero la situación es cada día más compleja, porque si no podemos trabajar, eso significa paralizar el servicio de transporte para la gente”, dice un transportista.

Según la Unase, se han registrado 608 denuncias de extorsión en lo que va de 2022 en la zona 8, que comprende los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón.

El 50% de los casos se ha podido resolver. En todo el país hay alrededor de 200 personas detenidas por el delito de extorsión.