Las palabras del gran Marco Tulio Cicerón ante el senado romano: ¿Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? retumban en Ecuador, más de 2 000 años después, porque bien pudieran estar dirigidas a quiénes habiendo llegado a dos de los más altos organismos del Estado, con sus acciones han ofendido la conciencia nacional y están minando la débil democracia.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), engendro de Montecristi, que durante el correísmo fue la evidencia de la más descarada sumisión al poder, pretende, hoy, echar abajo todo lo actuado por el Consejo de Participación de transición, a pesar de que existe un blindaje dado por la Corte Constitucional (CC), y ratificado por los ciudadanos en las urnas.
A una velocidad que alimenta las sospechas, Alembert Vera, que preside el organismo, acogió la acción de protección de un juez de Montecristi para crear una veeduría ciudadana que evalúe las decisiones del Consejo que presidió Julio César Trujillo.
La acción de Vera, que fue abogado de Rafael Correa, en el caso contra diario El Universo, demuestra desprecio por el pronunciamiento del pueblo en una consulta popular y confirma la obsesión de ciertos grupos por recuperar espacios de poder como la propia CC, la Contraloría y las superintendencias.
O en verdad se han propuesto derruir el andamiaje institucional o quieren distraer a la opinión pública del concurso para elegir contralor general del Estado, no exento de controversias, que llevan adelante. O, quizá, perturbar la campaña electoral de la segunda vuelta que a sus cercanos les está resultando esquiva.
Por la razón que fuere, Alembert Vera parece dispuesto a todo.
La semana pasada, en su cuenta de X (ex Twitter), anunció que van “a desmontar las barbaridades cometidas por el Trujillato y sus secuaces”. Y puso como argumento que la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, ha reconocido que no existió dictamen constitucional para la consulta popular de 2018.
Si en verdad pretenden actuar en contra del pronunciamiento del pueblo en las urnas, habrán rebasado las líneas.
Vera, que fue elegido en febrero pasado e hizo campaña usando la imagen de Correa, sentenciado en el caso Sobornos 2012-2016, parece manejarse con libreto propio.
Una de sus primeras acciones tras asumir las funciones fue intentar 'bajarse' a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, acogiendo una peregrina denuncia; solo la firme reacción de la representante de la vindicta pública los detuvo.
En qué terminará su pretensión de revisar las decisiones del Consejo de transición, está por verse; pero la Procuraduría General del Estado ha apelado la resolución del juez de Montecristi, porque, aunque es absurda y al margen de la ley, es mejor bloquear cualquier maniobra.
Y qué decir del proceder del Consejo de la Judicatura (CJ) que parece el summum de la indignidad y el desvarío.
Unos audios de la sesión en la que se destituyó al juez de la Corte Nacional, Walter Macías, sacados a luz luego de un allanamiento de la Fiscalía a esa entidad, por sospechas de un posible delito de obstrucción a la justicia, han estremecido la conciencia nacional porque se comprueba que la institución ha tocado fondo.
La 'magia' de lograr mayoría calificada de cinco integrantes con solo dos votos rebasa todo entendimiento y es una burla a la inteligencia de la gente.
Además, la sesión fue convocada con apenas dos horas de anticipación, sin acceso al expediente, el sábado 19 de agosto, víspera de las elecciones presidenciales, y luego de que el magistrado Macías había fijado fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en contra de los vocales de la Judicatura Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno y el juez Vladimir Jhaya, por presunto delito de tráfico de influencias.
Por eso, el juez Fausto Murillo de la propia Judicatura considera que la sesión fue ilegal.
Pero, ha sido la Fiscalía la que reaccionó de manera contundente, al expresar su preocupación “sobre un acto que atenta contra la seguridad jurídica del país”.
Y porque “considera que estas acciones son represalias por parte del CJ a las actuaciones -apegadas a derecho- cumplidas por el Magistrado dentro de este caso”.
Que aun así se aferren al cargo, incluso, luego de que la Corte Nacional de Justicia, la Presidencia de la República y la Fiscalía les hayan quitado la confianza como sus delegados, señalando que ya no los representan, es indignante para la moral pública.
El país debe saber también que el magistrado Walter Macías no solo actuaba en un proceso en contra de los vocales Morillo y Maribel Barreno del CJ; sino que, en febrero pasado, junto a los jueces Adrián Rojas y Mauricio Espinosa, sentenció a las cabezas de la Contraloría y Petroecuador en el caso Las Torres.
Que los vocales de la Judicatura se aprovechen de que la Asamblea Nacional no está en funciones, por lo que no puede haber un juicio en su contra, es indignante, cuando los más reputados abogados del país les piden dar un paso al costado, porque su actuación socava el estado constitucional del Derecho y la justicia.
El pueblo ecuatoriano tampoco resiste más el litigio enajenante de ciertos individuos hasta con su propia sombra.
En esta circunstancia, las palabras dichas por Cicerón, 63 años antes de Cristo, en el senado romano, al descubrir la conjura encabezada por Catilina para dar un golpe de Estado, hablan por todos:
"¿Hasta cuándo esta locura tuya se burlará de nosotros?"
"¿Hasta qué extremos ha de llegar tu desenfrenada osadía?"
"¿No te das cuenta de que tus planes han sido descubiertos?"
¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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