En un torbellino de emociones, los ecuatorianos atestiguan, con estupor, el grado de violencia del crimen organizado que asesina fiscales, hace explotar carros, incursiona en un canal de televisión, y obliga al país a librar una guerra interna desigual, asimétrica e híbrida, como llaman los expertos.
La conciencia de que el país carece de presupuesto para encarar a un enemigo con poder económico ilimitado y estructura transnacional potente y desalmada, solo abona al desánimo, porque, una vez más, quienes deben tomar las decisiones que el grave momento demanda, anteponen sus intereses personales y de grupos, pensando más en la próxima elección que en el propio país.
Que las peores predicciones sobre la presencia del narco se estén cumpliendo, genera en cada ecuatoriano una dosis de remordimiento por no haber exigido acciones contundentes a los gobiernos de turno, que podían haber cambiado la realidad de la violencia actual que altera la paz y la convivencia.
Hace 15 años, Francisco Huerta Montalvo, ese ecuatoriano excepcional, fue una voz que clamaba en el país anunciando que Ecuador iba camino a convertirse en un narco Estado, pero no solo que no fue escuchado, sino que fue vilipendiado por quien ejercía el poder ese momento.
En estado de negación -que visto a distancia raya en complicidad- desoyeron las advertencias de los efectos adversos de no renovar el convenio de la Basa de Manta; de eliminar el requisito del visado (ciudadanía universal), mantener radares inutilizados en la frontera, legalizar a bandas delictivas y promover a sus cabecillas a la política; anular la exigencia del pasado judicial y legalizar la tabla de consumo de droga.
Hicieron lo que les vino en gana hasta configurar un ecosistema ideal para el narco Estado, cuyas consecuencias las está pagando hoy el pueblo, sobre todo los más vulnerables convertidos en presa fácil de las organizaciones criminales que, apropiadas de espacios de territorio nacional, son las únicas que pueden proveerles un ingreso para sobrevivir.
Las alertas de estos días son diferentes, pero igualmente atemorizantes porque tienen que ver con la grave crisis económica, en instantes que el país está bajo ataque del crimen organizado y no hay dinero para mantener por mucho tiempo movilizadas a las Fuerzas Armadas y la Policía, que han demostrado profesionalismo y valor en la defensa del país y el combate al terrorismo.
El conflicto armado ha lastrado la economía que venía mal desde años atrás, porque los gobiernos irresponsables habían pateado el problema hacia adelante, para salirse del apuro, dejando la carga al sucesor que tampoco logró solucionar.
El déficit fiscal actual es de tal dimensión que el país podría estar al borde de la quiebra y hasta la dolarización puesta en riesgo; pero, aunque parezca inconcebible, la terrible situación no parece conmover a todos, en especial a aquellos que solo calculan los efectos de sus decisiones políticas en las urnas y hasta juegan al chantaje.
Las cifras son de infarto:
- Déficit fiscal de USD 5.500 millones
- Atrasos por USD 4.000 millones y amortizaciones por USD 5.000 millones.
Quiere decir que la necesidad de financiamiento llegaría este 2024 a USD 14.500 millones.
La propuesta de aumentar el IVA del 12 al 15%, que recaudaría USD 1.079 millones este año, no ha sido admitida por los aliados del Gobierno en la Asamblea y el Ejecutivo ha decidido revisar la temporalidad y el monto, según anunció el propio presidente Noboa, en Teleamazonas. Pero el correísmo presentó informe de minoría y habla de impuestos adicionales a las grandes empresas.
Esta es la política y los políticos y sus dogmas por encima de la realidad que señala que el 90% de los productos de la canasta familiar no están gravados con IVA al igual que los útiles escolares; pero sí los combustibles.
Justamente, focalizar el subsidio a los combustibles es considerado una salida imperiosa para intentar subsanar un déficit que es estructural. Pero el temor a la reacción de un dirigente indígena desubicado, que solo se acuerda del país a la hora de incendiar las calles, crear caos y fomentar la miseria, resulta más poderoso que el sentido de Estado de los gobernantes.
El subsidio a los combustibles le representó al país USD 2.300 millones el año anterior, y duele que los beneficiarios sean también los sectores de mayores ingresos, los contrabandistas y el narcotráfico, como reveló un reportaje del Washington Post, que mostró a las islas Galápagos convertidas en gasolinera de los narcos, porque allí se abastecen de combustibles subsidiados.
Carondelet debería pedir a la Academia estudios adicionales sobre la focalización de los subsidios a los combustibles y aprovechar la circunstancia excepcional de Ecuador, para tomar una decisión valiente y definitiva, haciendo pedagogía que explique a la gente la realidad de las arcas fiscales y el futuro de todos.
Pero más que eso, hace falta comprensión del momento histórico de la patria amenazada, para entender que el apoyo popular, con cifras históricas como las que tiene el presidente Noboa este momento, es para usarlo en beneficio del país y de la gente que lo catapultó al poder político.
La situación fiscal es aterradora y solo para financiar la guerra contra el narco se requieren al menos de USD 1.020 millones. Por eso, está bien que se barajen todas las posibilidades, incluyendo un recortar por mil millones en gastos, muchos de ellos administrativos e innecesarios, y que el Estado se apriete el cinturón, como anunció el presidente, que también buscará la moratoria de un año adicional para desmontar el Yasuní.
Si por desoír las advertencias que alertaban que Ecuador podría devenir en un narco Estado, hoy estamos pagando las consecuencias. Ojalá ahora se escuchen las alertas de que si no se resuelve el problema económico que es estructural, el país caería en un abismo que hasta haría perder la dolarización, que es lo que buscarían ciertos personajes.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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