Consulta popular, una más

Una nueva consulta popular y el estribillo de siempre. Es un mecanismo legítimo para conocer la opinión de la ciudadanía y sobre dicha base trasladar sus preferencias al sistema político, han argumentado históricamente los que la proponen.

Allí está la voz del pueblo, que es la voz de Dios, proclaman los políticos a pie juntillas e indistintamente de su posición partidista. Como si Dios no se equivocara, respondería Saramago.

Como si las experiencias de consultas populares fueran positivas, diría la evidencia hallada en Ecuador y la mayoría de países de América Latina.

Porque si algo debemos reconocer es que, como resultado de las consultas populares, en buena parte de los casos hemos quedado en peores condiciones de las que estábamos.

Pruebas al canto, dice la sabiduría popular. El Consejo de Participación Ciudadana, ese monumento a la novelería, fue nocivo para el país cuando sus miembros se elegían de acuerdo con la Constitución de Montecristi. Ahora funciona aún peor a raíz de que, vía consulta popular, sus consejeros resultan de la elección en urnas.

Las consultas populares en sí mismas no son el problema. Las dificultades surgen cuando son los gobernantes quienes las proponen, pues en ese caso no pasan de ser un ejercicio político de afianzamiento en el poder, legitimación de determinados acuerdos entre las élites o un medio para apalancar un proceso electoral paralelo.

Bajo tales condiciones, cuando las consultas se presentan de arriba hacia abajo, su legitimidad entra en duda y cunden las elucubraciones sobre las verdaderas razones para preguntar al pueblo.

El escenario opuesto, cuando la acción ciudadana es la que concluye en una petición de este tipo, se plantean reflexiones de diferente naturaleza. En este último caso, la consulta popular es una expresión de asociación cívica, de generación de propuestas e involucramiento en la vida pública.

Consultas populares de este tipo, de abajo hacia arriba, no se han dado en el país y son muy escasas en América Latina.

Como la consulta popular que ahora presenta el Gobierno se enmarca en el primer grupo, de arriba hacia abajo, es inevitable que la pregunta que circula entre la población sea respecto a los motivos reales para solicitar el pronunciamiento ciudadano.

A diferencia de otras ocasiones, en la que el escenario político era algo más claro, ahora las elucubraciones aumentan. Naturalmente, no se trata de una estrategia que busque afianzar al Gobierno en el poder, pues ahora mismo, con 'las justas', en Carondelet alcanzan a capturar el respaldo de la mitad de personas que les dieron el voto en la pasada primera vuelta electoral.

Allí está una diferencia con las consultas populares de Rafael Correa, por ejemplo, quien ostentaba apoyo popular de dimensiones poco vistas en el país.

Tampoco se trata de una consulta popular que busque legitimar acuerdos entre las élites políticas, como fue el caso de la convocada por Fabián Alarcón, luego del golpe de Estado a Abdalá Bucaram y del inconstitucional bloqueo a Rosalía Arteaga para que asumiera el poder.

Contrariamente a ese momento histórico, hoy por el hoy el Gobierno Nacional carece de coaliciones o de conversaciones mínimas con buena parte de los sectores sociales y políticos.

Además, asumir la consulta popular venidera como una forma de apalancar a los candidatos del oficialismo es poco creíble dado que, o esas candidaturas no existen y eso se demuestra en las alianzas realizadas, o los candidatos de CREO con algunas posibilidades pugnan día a día por desmarcarse frente al electorado respecto a su vinculación con esa organización política.

Dadas así las cosas y en el intento de ofrecer una respuesta a la motivación de la consulta popular, una opción que surge, pensando con cierta audacia, es que el objetivo sea compartir con otros sectores las pérdidas que ahora mismo le generan al Gobierno asuntos de trascendental importancia, como la seguridad.

En ese caso específico, por ejemplo, la probabilidad de que la Corte Constitucional niegue la pregunta relacionada con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional es altísima, en virtud de una serie de antecedentes jurisprudenciales.

En tal situación, intentar posicionar la idea de que el combate a la delincuencia organizada no puede ser más efectivo por la interferencia de los jueces constitucionales, sería una forma de compartir responsabilidades.

Que esa narrativa se pueda posicionar efectivamente entre la población es otro tema.

Algo similar puede suceder con la pregunta referida a la Fiscalía, institución que ha sido la primera en aparecer oponiéndose al texto, o la relacionada con la restricción a las facultades del Consejo de Participación Ciudadana.

Si en esos casos la respuesta de la ciudadanía es en sentido negativo, lo que es más probable dado que la consulta popular se la asimilará como una evaluación general al Gobierno, queda abierta la opción de que, desde Carondelet, se intente endosar ciertas responsabilidades a las organizaciones políticas que patrocinen la campaña por el No.

Al igual que en el caso de las Fuerzas Armadas, el hecho que este discurso se torne creíble ante el país es parte de una discusión de otro orden.

Preguntas como las citadas, junto a otras abiertamente irrelevantes o difícilmente realizables en la práctica, como la disminución del número de asambleístas o la exigencia de registro de afiliados a los movimientos y partidos políticos, respectivamente, dan cierto apoyo a la explicación planteada.

Nuevamente, quizás el objetivo del Gobierno sea diseminar la responsabilidad de los riesgos entre diferentes sectores e instituciones. Por ello, en las razones de la consulta popular está el debate y no en la viabilidad del momento político.

De hecho, ahora es el mejor 'timing' del Gobierno para proponer la consulta popular. Si lo hace después, con un apoyo ciudadano seguramente inferior al actual, las expectativas de que incluso los cercanos al Jefe de Estado voten en contra serán mayores.

Si no se dio la consulta popular durante los primeros meses, como correspondía, ahora es el mejor momento de Carondelet. Así de preocupante es la condición del Gobierno.