El presidente Daniel Noboa no habría imaginado jamás que antes de cumplir dos meses como mandatario del Ecuador estaría librando una guerra nada menos que en contra del crimen organizado; un enemigo siniestro y destructor, que ha pretendido someter al país a su perversa estrategia de drogas, corrupción y muerte.
La declaratoria fue urgente e inesperada porque, dadas las circunstancias que atravesaba el país, no parecía que existiera ninguna alternativa adicional conocida; por lo que el Decreto 111 que firmó el Ejecutivo declarando la existencia de un “conflicto armado interno”; e identificando a 22 grupos violentos como organizaciones terroristas, dio la sensación de que se devolvía al Estado el control de la caótica situación.
Los ecuatorianos que han vivido con dolor e indignación la acción siniestra y sincronizada de las bandas del crimen organizado, desafiando con osadía al propio Estado, han respaldado la decisión del Gobierno; pero querrán un desenlace exitoso.
Un país entero sometido al encierro forzado mientras los malvados sembraban de terror las calles; mataban a sangre fría, asaltaban hospitales y tomaban como rehenes a periodistas y técnicos en TC televisión que transmitía en vivo su programación, es la cota más elevada de la espiral del miedo colectivo que alguien podría imaginar. Y no debe repetirse jamás.
Lo que está sucediendo en Ecuador tiene que ver con lo que pasa en México y Colombia, y en menor grado con Perú. Es de tanta gravedad que la comunidad internacional ha convertido al país en el epicentro de la noticia.
Que 14 de los 22 grupos criminales calificados por el Gobierno de Noboa como terroristas, que según la prensa del país azteca estarían vinculados con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, podría abrir un nuevo frente entre Estados Unidos y México, porque se trata de organizaciones que están en la mira del Gobierno del presidente Biden.
En este contexto, el apoyo que ha expresado Washington al Gobierno de Daniel Noboa, quien ha declarado “conflicto armado interno”, mantiene a México en alerta por la posibilidad de que Estados Unidos pudiera declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que habilitaría al Pentágono y a las agencias de seguridad estadounidenses a realizar maniobras en el extranjero sin requerir el visto bueno del país concernido.
Para la Casa Blanca, el cartel de Sinaloa tiene que ver con el tráfico de fentanilo que en 2023 se cobró más de 100.000 vidas en Estados Unidos, por lo que fue tema central en la reunión de noviembre pasado entre Biden y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en San Francisco.
La supremacía de las bandas criminales debería interpelar la política de seguridad hemisférica, ya que evidenciaría que los servicios de inteligencia están desprovistos de tecnología o habrían sido infiltrados; o las dos cosas a la vez. Y eso es inconcebible.
En México aseguran que las FARC colombianas conectaron al cartel de Sinaloa con Ecuador; y que Alias 'Fito' sería su enlace local; mientras que Fabricio Colón Pico, el otro prófugo de quien la fiscal Diana Salazar, al destapar el caso Metástasis denunció que quería asesinarla, estaría vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación.
Es una nueva geopolítica de la droga y el crimen, porque los carteles y sus organizaciones se han impuesto en la región, y la lucha es descomunal y asimétrica, y no hay país que la pueda librar solo.
El mal debe ser encarado en forma coordinada por los Estados, conscientes, además, de que, a lo largo de 53 años, desde que Richard Nixon declaró a las drogas el enemigo número uno y comenzó la guerra contra el narcotráfico, no hay registro de un solo país que lo haya derrotado.
En esta realidad deben sustentar sus críticas al enfoque represivo en el combate a la producción y al tráfico de estupefacientes de Estados Unidos, de los presidentes López Obrador y Gustavo Petro de Colombia, quienes promueven un tratamiento más integral que prevenga el consumo y no castigue a los agricultores.
Petro critica también el discurso “que mira a las drogas como un problema militar y no como un problema de salud de la sociedad”.
Pero resulta que su país es el primer productor de cocaína del mundo, y las plantaciones aumentan cada vez más, y la droga la sacan por Ecuador y hay que hablar con él de este tema.
No se necesita mucha ciencia para concluir que, si el narcotráfico es transnacional, el combate debe ser idéntico. El dilema es cómo hacerlo cuando dos países vecinos tienen enfoques distintos, aunque deben coincidir en que la paz de la región se juega, hoy, en Ecuador y hay que conjurar los riesgos.
Presidente Noboa, reúna a los mejores expertos en seguridad del país y pídales que elaboren una propuesta clara y viable, que vaya en paralelo a la acción militar en marcha, sabiendo que se trata de un problema multidimensional.
Y vaya más allá de eso, convoque con urgencia una cumbre regional de presidentes, para que coordinen acciones conjuntas entre todos los países, porque todos están siendo afectados, y la gente sufre y tiene miedo.
¡Este el momento!
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
Lo último