El indiscreto encanto de la política
El CPCCS: ¿Un instrumento del poder ejecutivo?
Catedrático universitario, comunicador y analista político. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca debió existir. Su creación fue otro de los caprichos absolutistas del líder de la Revolución Ciudadana, cuyo objetivo era controlar todas las instituciones estatales mediante la designación de autoridades afines.
De su trayectoria institucional, solo recordamos penosos episodios de subyugación a Carondelet, destinados a legitimar y encubrir el abuso de poder. Tal es su desprestigio que, en la última elección de consejeros, el voto nulo alcanzó el 25% de la voluntad ciudadana, superando la votación de todos los aspirantes.
Hoy, la historia se repite con un nuevo acto. La reciente denuncia presentada por el vocal Juan Esteban Guarderas contra la vicepresidenta no es más que una maniobra políticamente motivada. El disfraz de vigilancia política que Guarderas pretende imponer al caso apenas puede ocultar su verdadero trasfondo: ayudar al presidente de la República a deshacerse de su binomio.
Si bien la denuncia es legalmente correcta y Guarderas ha expuesto fundamentos y pruebas, la verdadera evaluación radica en la coherencia entre su finalidad declarada y la real. Ahí su argumento se desmorona.
Varios periodistas han querido profundizar con el consejero en el porqué de sus decisiones. ¿Por qué eligió a Verónica Abad? ¿Por qué solo apuntó hacia su campaña a la alcaldía y no a la de vicepresidenta? ¿Por qué ha frecuentado Carondelet con regularidad? Los intentos de Guarderas por responder y aclarar los motivos solo han oscurecido las percepciones.
Un vocal del CPCCS tiene el deber de ejercer sus funciones con independencia, imparcialidad y objetividad. Al iniciar una denuncia tan escandalosamente dirigida, Guarderas traiciona los principios que debe encarnar su cargo y, a la vez, lacera la piedra angular sobre la cual se sostiene la verdadera democracia que es la independencia de poderes.
Sin embargo, queda una última instancia. La supuesta infracción electoral cometida por Abad tiene que ser valorada y analizada por el Tribunal Contencioso Electoral, cuyos vocales, de ser el caso, resolverán sobre la sanción correspondiente.
En un contexto donde la institucionalidad es frágil, lógicamente es esencial que este organismo actúe conforme a derecho, pero sobre todo, garantice el respeto a los principios democráticos.
Hace poco más de un mes, el viceministro de Gobierno sugirió que sería "riesgoso" entregar el poder a Verónica Abad durante la próxima campaña electoral, dando a entender que existía un plan para lograr su separación del Ejecutivo. Ante la dificultad de destituirla por vía legislativa, la nueva estrategia parece que queda expuesta.