A diciembre de 2022, Ecuador es una democracia en entredicho, con autoridades que avergüenzan a los ciudadanos, al haber llevado a la institucionalidad del país a su límite.
Los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron destituidos por la Asamblea Nacional, eligieron a Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos, y quieren que la Asamblea lo posesione.
Quienes controlan la Legislatura, con Virgilio Saquicela, a la cabeza, no reconocen esa designación, al haber sido hecha por quienes fueron defenestrados.
La reacción de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo ha sido acusar a Saquicela de incumplir fallos judiciales, ya que un juez de La Concordia admitió a trámite una acción de protección que interpuso un ciudadano en contra de la decisión de la Asamblea y dictó medidas cautelares.
En la controversia toma partido el Gobierno de Lasso al reconocer a los cuatro vocales, señalando que la medida cautelar suspendió los efectos de la censura y destitución en el juicio político.
El oficialismo también había criticado que la Asamblea solo haya procesado a cuatro y no a los siete vocales. Y que no haya habido un informe de la Comisión de Fiscalización que recomendara el enjuiciamiento.
Un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, está servido, teniendo como casus belli al CPCCS, cuyo control se ha convertido para las partes en fetiche, por el poder que representa.
Una pugna de poderes, aunque ya no asombre, al haberse vuelto cotidiana, es un riesgo para la incipiente democracia, más aún si no se avizora una salida.
¿Quién podría dirimir la controversia cuando las dos partes dicen tener la razón y hasta los constitucionalistas más connotados tienen opiniones diferentes entre ellos?
¿En quién confiar cuando al país le consta que actúan al filo de la ley, usando a los jueces y engañado a la gente?
¿No es hora de que la Corte Constitucional se pronuncie?
En instantes delicados como estos, uno piensa cuánta razón tenía el filósofo francés Jean-François Revel, cuando en su obra 'El conocimiento inútil', sostiene que "la primera de todas las fuerzas que gobierna el mundo es la mentira".
Lo escribió en 1989, pero es como si lo hubiera hecho en estos días. Y se lo hubiera dedicado a Ecuador.
Solo la memoria selectiva de ciertos políticos impediría recordar que, apenas 10 meses atrás, en una operación con el sello de Banana Republic, se sacó de la presidencia del CPCCS a Sofía Almeida, vinculada al PSC, quien tuvo un desempeño intolerable y audaz y actuó al filo de la legalidad.
Para desalojar a Almeida y colocar a Hernán Ulloa, quien solía jactarse de su cercanía a Lasso, publicando en Twitter fotos junto a él, en las tres campañas por la Presidencia, la Policía que obedece al Ministerio de Gobierno rodeó la sede del CPCCS y hasta se cambiaron las cerraduras de las puertas.
Que el CPCCS se ha manejado políticamente, le consta al país entero, desde que fue inventado en Montecristi, en 2008, para entregar el poder total a Correa.
Los vocales le obedecían sin chistar; los concursos para elegir autoridades de control fueron pantomimas; el control social prometido, una falacia.
Revel tiene razón: la mentira domina el mundo.
Los vocales del actual CPCCS fueron elegidos en las urnas, en marzo de 2019, por mandato de la consulta popular de 2018, que buscó sacar la política de la institución, sin lograrlo.
Al inicio estuvieron José Tuárez, Christian Cruz, Walter Gómez, Victoria Desintonio, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Rosa Chalá.
Poco después, por incumplimiento de funciones, el cura Tuárez, Gómez, Desintonio y Chalá fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional.
En su lugar se posesionaron Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Por un carné de discapacidad, entregado supuestamente de manera ilegal, la Asamblea destituyó también a Christian Cruz, quien fue reemplazado por Hernán Ulloa.
La historia del CPCCS es la historia de un engaño colectivo sin precedentes: la independencia de la entidad es una ficción.
Con excepción del Consejo de Transición que presidió Julio César Trujillo, que sirvió para reinstitucionalizar al país, en un momento grave, este ha sido un mamotreto jurídico insufrible; un esperpento que hay que eliminarlo por salud democrática.
Pero el destino del actual CPCCS está por ser escrito.
Hasta ahora, el Gobierno y la oposición legislativa no dan señales de encontrar una salida.
Tras destituir a los cuatro vocales, la Asamblea había llamado para posesionar a los suplentes, pero hasta cuando se escriben estas líneas, eso no se había concretado.
Hernán Ulloa ha dicho que los consejeros suplentes no podrán actuar, aunque la Asamblea los posesione.
El caos, el bloqueo y la inseguridad jurídica se han impuesto.
Aunque jamás lo admitirán, hay demasiado en juego para dejar escapar la institución, que escoge las autoridades de control y el Consejo de la Judicatura.
En la consulta popular convocada por el presidente Lasso se plantea restarle al CPCCS la facultad para designar estas autoridades.
¿Qué pasará con el proceso para elegir Contralor General del Estado que está en curso, si en la consulta del 5 de febrero el pueblo le quita la facultad nominadora? ¿Tendría legitimidad quien resulte designado por el CPCCS?
"Si en el pasado el gran enemigo del ser humano era la ignorancia, ahora es la mentira", agrega el filósofo francés Jean-François Revel.
Que en Ecuador la democracia esté en entredicho es culpa de quienes han convertido la mentira en arma política, para detentar el poder. ¡Imperdonable!
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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