Las medidas de ajuste se profundizan

El presidente Daniel Noboa decretó el alza del IVA al 15%. Esta medida entrará en vigencia el 1 de abril de 2024. PRIMICIAS ha indicado que 205 de los 359 productos de la canasta básica se verán afectados con un incremento en su costo, reduciendo de esta manera la capacidad de los hogares de adquirir los productos esenciales para su bienestar.

El 21 de abril, mediante referéndum, el presidente espera que se apruebe la enmienda a la Constitución que permita el contrato de trabajo por horas. De esta manera se abriría la posibilidad de contratos sin estabilidad, con salarios por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas y sin claridad sobre el régimen de afiliación a la seguridad social y su continuidad y cobertura.

Así mismo, el Presidente ha propuesto que mediante referéndum se enmiende la Constitución para que se reconozca el arbitraje internacional para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales. Esta opción fue prohibida con la Constitución de 2008 por los sesgos de los sistemas internacionales en perjuicio de los Estados y a favor de empresas transnacionales.

Adicionalmente, el Presidente ha señalado que espera aplicar un sistema de bandas para la eliminación del subsidio a la gasolina, lo que generaría un impacto al alza en el costo de bienes y servicios que dependen de este combustible.

En este escenario, el actual gobierno lleva adelante una agenda de ajuste mucho más ambiciosa que la planteada por sus predecesores, y se alinea a las condiciones permanentes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El costo del ajuste se ubica en los salarios y en el consumo de los hogares, y los beneficios en las rentas de las empresas. La economía política se hace explícita sobre los actores representados y los excluidos de las decisiones.

Nada se ha dicho sobre los impactos del alza de precios por el aumento del IVA y la reducción del subsidio a los combustibles en el consumo, la pobreza y la informalidad (mayor evasión).

Tampoco hay una estrategia o plan de fomento de la producción y las inversiones, ni de generación de empleo de calidad, ni se ha evaluado la progresividad de las medidas para discutir sus implicaciones en términos de justicia social y económica.

El gobierno propone ajuste fiscal, y avanza, sin oposición política y con el apoyo de la fuerza pública, en medio de la mayor crisis de inseguridad y corrupción que ha tenido el país.

La calidad de vida no mejora, y pronto tendremos nuevas elecciones en las que el actual mandatario se consolida como el representante de los sectores terratenientes y empresariales del país.