En la Cumbre del Clima de Madrid, representantes de países como Perú, Ecuador, México y Chile reclamaron la participación de la sociedad civil en compromisos con el medio ambiente.
Los programas latinoamericanos no recogen medidas ajustadas a las reducciones de emisiones, no se corresponden con la justicia climática y falta transparencia en sus datos, afirmaron este 7 de diciembre expertos en un evento en la Cumbre del Clima de Madrid.
En el acto ¿Dónde está la ambición en América Latina?, representantes de países de Centroamérica, Perú, Ecuador, México y Chile reclamaron la participación de la sociedad civil en los procesos de elaboración de los compromisos nacionales determinantes (CND)
La representante de Perú, Rocío Vázquez, instó a “fortalecer la transparencia y monitoreo de los CND” porque, de lo contrario, solo se quedarán en “buenas intenciones”.
Rodrigo Herrera Jeno, representante de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático de Chile, compuesta por catorce organizaciones (entre ellas WWF, Greenpeace o Amnistía Internacional), señaló que, a pesar de que su país preside esta XXV Cumbre de la Convención de Cambio Climático (COP25), carece de una ley contra este fenómeno.
Aseguró que la organización pretende “incidir, política y técnicamente, en las políticas que desarrolla el Gobierno chileno más allá de la COP25” y recalcó que la crisis social que atraviesa su país “está muy relacionada con los CND”.
La situación chilena
Chile afronta graves “problemas ambientales porque no hay corresponsabilidad entre territorios y políticas”, según Herrera Jeno, quien añadió que “hay una desconexión del territorio, y al Gobierno le cuesta tomar decisiones vinculantes con la gente y las políticas internacionales”.
En Chile, agregó:
“Hay mucha legislación medioambiental dispersa y leyes sin mirada global. Solo hay la ley base de medio ambiente que se va a cambiar (…) desde hace diez años y que ha provocado la destrucción de más de 600.000 hectáreas de bosque“.
Los programas de CND están “desapegados” de la realidad socioeconómico ambiental chilena, alertó el experto.
En el resto de la región
Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), señaló que el presupuesto medioambiental es escaso y hace falta más participación de científicos y actores sociales y el compromiso de los estados desarrollados que “exportan tecnología e insumos a los menos desarrollados cuando en sus países se queda obsoleta o fuera de las leyes ambientales”.
El nicaragüense Alejandro Alemán Treminio, de la organización Centro Humboldt y coordinador de Climate Action Network América Latina, indicó que los CND son “herramientas válidas para descarbonizar las economías y convertirlas en resilientes”.
Según un estudio de su organización, en Centroamérica hay un “cumplimiento medio-alto de los CDN”, pero “no se cumple la reducción de desigualdad de género y de la pobreza”.
Uno de los participantes en la marcha que se realizó en República Dominicana el 6 de diciembre, para pedir cambios en el manejo del medio ambiente. EFE
El representante peruano del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), Richard Odiana, aseveró que hay que “pasar al litigio” para denunciar los incumplimientos, pues, de lo contrario, se llegará a la COP47 en la misma situación.
Explicó que, a pesar de que los programas del Gobierno peruano recogen un compromiso “del 30 % de reducción de emisiones, en documentos oficiales se reconoce que solo llegan al 24 % aproximadamente”.
Denunció que las reuniones para fijar los CDN se realizan “en las oficinas de las patronales industriales” en Perú.
Desde Ecuador
El ecuatoriano Javier Dávalos González, de la Asociación Latinoamericana para defensa del ambiente y comunidades de la región, que engloba a varias organizaciones, denunció que el programa de CND presentado por el Gobierno de Quito en marzo de 2019 no menciona los derechos humanos, y la minería y los hidrocarburos aparecen una sola vez.
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