Álvaro Uribe era investigado por supuesto fraude y soborno de testigos tras ser acusado de tener vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha.
La Fiscalía de Colombia solicitó el viernes 5 de marzo una audiencia ante un juez para archivar una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesto fraude y soborno de testigos.
Esta acción supone el fin de una larga batalla legal en la que el político es acusado de vínculos con grupos paramilitares de ultraderecha.
La solicitud del coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes, puede ser apelada ante un tribunal, una instancia superior en el sistema judicial de Colombia.
La decisión probablemente enardecerá a los críticos de Uribe, que durante meses alegaron que la Fiscalía sería menos rigurosa en la investigación que la Corte Suprema de Justicia.
“El fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”, dijo un comunicado de la Fiscalía.
El caso desató en 2020 una controversia política y jurídica en el país sudamericano de 50 millones de habitantes, que el próximo año realizará elecciones legislativas y presidenciales.
Uribe recuperó la libertad en octubre de 2020 por orden de una jueza, después de que renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
“Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter. El caso podría haber
terminado con una pena de prisión de hasta 12 años para el político.
Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permaneció el año pasado dos meses bajo arresto en su finca, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
Largo proceso
Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el que impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018.
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares.
En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
“Su solicitud de preclusión no tendrá ningún sustento probatorio y será una vergüenza para la justicia en Colombia”, dijo Cepeda en su cuenta de Twitter.
Aunque la decisión de la Fiscalía suscitará reacciones de opositores y partidarios, el caso aún no está cerrado, dijo el consultor de riesgo político Sergio Guzmán, de Colombia Risk Analysis.
“Sea la decisión que sea, la ya baja confianza pública en el sistema judicial en Colombia pende de un hilo”, afirmó.
Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista, pero que se desbordaron con sus sangrientos ataques.
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