El ciudadano israelí-australiano Oren Sheinman, que acusó a Jacobo Bucaram, se acogió al proceso abreviado por el delito de uso doloso de documento falso. Pero irá a juicio por el delito de enriquecimiento privado no justificado.
Nota actualizada a las 12:20 de este jueves 27 de agosto de 2020 con información de la Fiscalía General del Estado.
El extranjero con doble nacionalidad, israelí y australiano, Oren Sheinman se acogió a procedimiento abreviado en el delito de uso doloso de documento falso.
Ese cargo le imputó la Fiscalía por portar una falsa credencial del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo acreditaba como supuesto agente de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos).
La audiencia de juzgamiento se instaló el miércoles 26 de agosto de 2020 en La Libertad, en la provincia de Santa Elena.
Allí fue capturado Sheinman junto con Shy Dahan, el pasado 3 de junio con USD 300.000 en efectivo y las credenciales falsas. Ese dinero, según dijeron, era producto de la venta de pruebas rápidas de Covid-19 que negociaron con Jacobo Bucaram Pulley.
“El está dispuesto a aceptar su responsabilidad por el hecho imputado. Está presto a colaborar con las autoridades”, indicó Héctor Vanegas, abogado de Sheinman.
Dahan fue asesinado el pasado 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral.
“El señor Sheinman reconoció su responsabilidad”, agregó Vanegas. Producto de ello recibió una pena de 20 meses de cárcel que su defensa quiere que se cumpla en Israel.
Sobre el caso de enriquecimiento privado no justificado, el extranjero no aceptó su culpa. “El no está dispuesto a aceptar la responsabilidad, ¿por qué él debería ser el único? Si los responsables son otros que nunca fueron involucrados”.
Sin embargo, el juez de Garantías Penales, Vicente Guillén, acogió el dictamen acusatorio de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra Sheinman.
El artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el enriquecimiento privado no justificado con tres a cinco años de cárcel.
En la audiencia, la fiscal Cecilia Peña presentó como evidencias los bienes incautados, entre ellos dos vehículos de alta gama y dinero en efectivo.
A ello sumaron las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, de Compañías y Registro de la Propiedad, y el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
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