La Fiscalía investiga un delito de peculado en la compra de insumos médicos en esta casa de salud del Seguro Social, de Guayaquil. El perjuicio al Estado sería de USD 233.000.
Los siete detenidos en varios allanamientos, asociados a un presunto peculado en el hospital IESS Ceibos de Guayaquil, quedaron formalmente procesados.
El juez de Garantía Penales, Marco Guerra, no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado por Fiscalía y dictó medidas cautelares para los siete procesados.
Así, Plinio A. D., Ángel S. N., Franklin B. M., Humberto S. C., Darwin S. V., Marlon S. M. y Carlos T. C. tienen prohibido salir del país y deben presentarse los días lunes y viernes en la Fiscalía.
Entre las pruebas que presentó el fiscal César Suárez, en la audiencia de formulación de cargos, constan el informe policial e investigativo, informes del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el contrato de adquisición de insumos médicos, la resolución de adjudicación, el estudio de mercado, el comprobante único de registro (CUR de pagos) y facturas emitidas por el Hospital IESS Ceibos.
En mayo de 2021, Fiscalía recibió un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal de Contraloría, sobre el proceso de compra de insumos médicos para el servicio de terapia respiratoria de esta casa de salud, entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de abril de 2020. Con estos antecedentes, abrió una investigación previa.
La madrugada del 15 de febrero de 2022, seis agentes fiscales y personal de la Policía Judicial ejecutaron varios allanamientos a domicilios, en los sectores de Samanes, Villa Bonita y la 12 entre Portete y Venezuela, suroeste de Guayaquil.
Allí se incautaron teléfonos celulares y documentación relativa al caso.
El operativo se extendió a las instalaciones del Hospital de Los Ceibos, donde se ejecutaron órdenes de detención contar funcionarios de las áreas administrativa y de la Unidad Respiratoria.
Según la investigación fiscal, se habría incumplido las especificaciones técnicas del proceso, para favorecer a una empresa privada. El perjuicio al Estado sería de USD 233.000.
Entre los detenidos, constan funcionarios del hospital y del proveedor.
El peculado se sanciona desde 10 hasta 13 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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