Nueve procesos en Estados Unidos por corrupción en el sector petrolero ecuatoriano

La petrolera estatal informó, en un comunicado, que desde septiembre de 2018, los procesos judicializados en Estados Unidos son por presuntos delitos de:

• Lavado de activos
• Conspiración por prácticas corruptas en el extranjero
• Ofrecimiento y pago de sobornos a exfuncionarios y excontratistas

Ecuador está representado por Petroecuador y la Procuraduría General del Estado.

Uno de esos casos es el abierto en contra Raúl de la Torre y Roberto Barrera quienes fueron detenidos en Miami con dinero en efectivo.

Barrera, como PRIMICIAS contó el 17 de octubre, se declaró culpable en la Corte del Distrito Sur de Florida, y contó que él y De la Torre solicitaron una coima de, aproximadamente, USD 3,15 millones de una empresa por la adjudicación de un contrato.

En su defensa, Petroecuador aseguró que también ha solicitado a la Fiscalía que se requiera la Asistencia Penal Internacional a los Estados Unidos, en el estado de Florida, lugar donde se desarrolla el proceso de investigación contra Barrera y De la Torre.

Y volvió a explicar la relación con los acusados:

• Roberto Barrera, dice el comunicado de la estatal, no ha sido funcionario de la empresa estatal petrolera.
• José Raúl De La Torre Prado laboró en Petroecuador entre el 13 de octubre de 2016 y el 6 de junio de 2017, y también entre el 21 de agosto de 2018 y el 14 de junio de 2019.
• De La Torre estuvo encargado la representación en la Refinería del Pacífico, durante su proceso de liquidación, y mediaciones en la Procuraduría General del Estado, "ninguna de estas vinculadas con procesos pre-contractuales ni contractuales", dijo la empresa.

Este caso también está en investigación en la Asamblea y está abierta una indagación previa en la Fiscalía.

En Ecuador, la empresa dice que impulsa más de 1.700 causas dentro de las cuales se encuentran causas penales por delitos contra la administración pública: 112 están relacionadas con indicios de responsabilidad penal establecidos por exámenes de la Contraloría.

Los delitos investigados en materia penal son: tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación y uso de documentos falsos.

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