Pese al tiempo transcurrido desde el ataque al cuartel de Policía en San Lorenzo, al atentado que cobró la vida de cuatro militares, el secuestro y asesinato de tres periodistas de El Comercio y de una pareja de Santo Domingo, ocurridos entre enero y abril de 2017, la política de seguridad nacional aún se planea sin considerar las amenazas externas.
El diseño de estrategias para enfrentar la delincuencia organizada aún se realiza desde la perspectiva de la víctima, con un enfoque local de “país afectado”, sin una visión a escala regional y transnacional.
Esto lleva a las autoridades a responder de acuerdo con las coyunturas. Un ejemplo es el operativo contra la minería ilegal, ejecutado del 2 al 5 de julio de 2019, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, en Imbabura.
La política de seguridad es reactiva y punitiva, según María Fernanda Noboa, decana del centro de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Noboa opina que frente a la crisis de seguridad el Gobierno se decantó por la alternativa fácil: el estado de excepción que, de paso, le deja réditos políticos.
Un caso como el de La Merced de Buenos Aires, en donde 10.000 personas, entre ellas miles de mineros ilegales, se establecieron en caseríos bien equipados en tiempo récord (entre diciembre 2017 y julio de 2018), si el Estado hubiese tenido estudios prospectivos con escenarios de lo que podía ocurrir.
En la escalada de la minería ilegal en esa parroquia convergieron varios factores:
- El desplazamiento de grupos residuales de las fuerzas irregulares colombianas, como la desmovilizada guerrilla de las FARC, que no se integraron al proceso de paz de 2017.
- La migración, especialmente de personas venezolanas, que venían sin recursos para sobrevivir y encontraron una salida en la minería ilegal.
- La presencia de bandas criminales ecuatorianas estructuradas.
- Los vastos espacios no controlados por el Estado ecuatoriano.
- El hecho de tener una economía dolarizada.
- La inestabilidad política.
- Fuerzas del orden permeables a la corrupción.
- Precios récord del oro en el mercado internacional.
Un conjunto de elementos que reproducen dinámicas y comportamientos transnacionales, explica Noboa.
Covacha abandonada tras el operativo de desalojo realizado en la zona minera de La Merced de Buenos Aires. Foto: cortesía.
Lo ocurrido constituye una advertencia para las autoridades sobre la necesidad de afinar su pericia a la hora de valorar cómo trabajan los grupos violentos al margen de la ley, que disponen de armamento pesado y de recursos tecnológicos.
En diálogo con PRIMICIAS, Noboa exhorta a las autoridades a imitar a las Fuerzas Armadas de Perú y de Colombia, que en el tema de la minería ilegal tienen diseñados escenarios de lo que puede pasar de aquí a 50 años.
En esto bien cabe el proverbio: “más vale prevenir que remediar”, aconseja la decana.
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Todos los delitos en un mismo lugar
Al ser un espacio desatendido por el Estado, la zona de Buenos Aires fue ideal para que se juntaran el crimen organizado, la minería ilegal y otros delitos conexos.
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Las armas imponen el poder
Los grupos armados imponen el poder con la violencia, en este caso son bandas ecuatorianas y exguerrilleros que no se plegaron al proceso de paz en Colombia.
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Corrupción, una clave en la escalada de la minería ilegal
Hubo elementos aislados de Policía y Fuerzas Armadas que facilitaron el ingreso de un gran contingente de personas y la instalación de grupos en La Merced de Buenos Aires.
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Apagando incendios
En lo que tiene que ver con la minería ilegal falta realizar un diagnóstico integral y balances estratégicos para tener una visión anticipada de lo que ocurre.
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Construir escenarios
La política pública tiene que prevenir las amenazas, mirar las rutas que utilizan los criminales, examinar los puntos débiles y configurar alertas tempranas.
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Amenazas escritas en rojo
Las advertencias aparecidas pintadas de rojo en árboles y otros lugares de la zona evacuada son típicas de los exguerrilleros colombianos.
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