Arauz y su interés por tener a Rafael Correa como asesor

En una entrevista para Diario El Universo, publicada el 4 de enero, el candidato por Centro Democrático, Andrés Arauz, dijo que el expresidente Rafael Correa será uno de sus “principales asesores”.

Aunque, Correa no podría desempeñarse en ese cargo ni podría ocupar ninguna función pública porque tiene una sentencia ejecutoriada por cohecho y la ley lo impide.

El artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) establece prohibiciones para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público, entre ellas está:

• “Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública”.

El expresidente Rafael Correa es uno de los sentenciados por cohecho en el Caso Sobornos 2012-2016.

Según la Losep, los asesores son aquellos funcionarios que tienen a su cargo la dirección política y administrativa del Estado. Además, están excluidos de la carrera de servicio público.

Impedimento no está registrado todavía

A pesar de la prohibición generada por la sentencia del expresidente, en la página web del Ministerio de Trabajo, aún no consta la inhabilidad que tiene Rafael Correa para ejercer un cargo público.

Para realizar esta verificación, Ecuador Verifica ingresó al portal web de dicho Ministerio y al generar una certificación de no tener impedimento para ocupar una función pública, Rafael Correa aparece como NO impedido.

No obstante, la certificación no está por encima de lo establecido en la Losep, esto según el artículo 425 de la Constitución de la República que indica la jerarquía en la aplicación de las normas.

Nota: Esta verificación fue hecha por la coalición Ecuador Verifica. Esta iniciativa reúne a 14 medios de comunicación, nueve organizaciones de la sociedad civil y siete universidades. Su objetivo, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, es combatir la desinformación, verificar la veracidad del discurso de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia y desarrollar herramientas que permitan a la ciudadanía decidir con base en información certera.