El presidente Daniel Noboa envió, como proyecto económico urgente, unas reformas a la Ley de Extinción de Dominio, mientras se tramita en la Asamblea también la propuesta de alza del IVA.
La Asamblea Nacional deberá tramitar a la par dos proyectos económicos urgentes, algo que normalmente no sucede. Esto se debe al estado de excepción que está vigente, con la declaratoria de conflicto armado interno de parte del presidente Daniel Noboa.
Estos dos proyectos son:
- Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que propone subir el IVA del 12% al 15% permanentemente.
- Ley Orgánica para la recuperación de activos de origen ilícito, que propone una reforma a la Ley de Extinción de Dominio.
Según la Constitución, el Presidente sólo puede enviar un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica mientras éste se discute en la Asamblea, a menos que haya un estado de excepción decretado. Esto había sido anunciado por el Gobierno desde antes de su posesión, pero no se concretó hasta este enero.
Sin embargo, Noboa decidió no hacerlo y enviar sólo la reforma tributaria, y luego sólo la reforma energética cuando terminó el trámite anterior. Tras la aprobación de ambas leyes sin problemas, envió la propuesta del alza del IVA.
La justificación como proyecto económico urgente
Noboa envió a la Asamblea la propuesta de Ley para la recuperación de activos de origen ilícito, que insiste en un tema que ya estaba en su agenda: la reforma a la Ley de extinción de dominio.
De hecho, Noboa planteó una pregunta en su propuesta de consulta popular justamente para hacer esta reforma, al igual que una iniciativa de enmienda constitucional para que la extinción de dominio esté en la Constitución.
Ahora, envió la propuesta calificada como económica urgente, aunque este tema no ha sido tramitado por esta vía en la Asamblea. Los proyectos económicos urgentes generalmente se han usado para reformas tributarias o temas directamente relacionados con el ámbito económico.
La Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que los proyecto económicos urgentes se referirán "a aspectos sustantivos de la política económica", cuyo trámite expedito (en un mes) es necesario para "garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa".
En este caso, según consta en el proyecto, la calificación de esta ley como económica urgente "se justifica en la necesidad imperante de combatir la criminalidad económica y la corrupción, por lo que la extinción del dominio emerge como una herramienta crucial para desmantelar redes delictivas".
Además asegura que "la urgencia económica se fundamenta en la necesidad de prevenir cualquier actividad ilícita en la contratación pública", y que la extinción del dominio "contribuye a la recuperación de recursos que pueden ser reinvertidos" en el desarrollo de programas sociales, infraestructura, seguridad o servicios públicos".
El trámite
Tras la entrega de la ley, la Asamblea deberá enviar el proyecto para su análisis en la Unidad Técnica Legislativa, que debe revisar que cumpla con los requisitos: si la calificación como ley económica urgente es correcta y si cumple con la unidad de materia.
Después, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) deberá analizar si lo califica o no, y a qué comisión se envía su trámite. Generalmente, las leyes económicas urgentes pasan a manos de las comisiones de Régimen Económico o de Desarrollo Económico.
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