Nuevo proyecto de Ley aprobado por la Asamblea establece condiciones para organizaciones dedicadas al voluntariado. Mientras, aplazó calificación de nuevo proyecto del Gobierno.
Con 119 votos a favor, el Pleno del Parlamento aprobó este jueves, 18 de enero de 2024, el proyecto de Ley Orgánica para la Acción Voluntaria. El texto regula jurídicamente las acciones y las relaciones de los voluntarios con distintas instituciones y organizaciones en el país.
"La norma define, reconoce, promueve y garantiza la participación organizada y solidaria de la ciudadanía en las actuaciones del voluntariado en sus diferentes tipologías", aseguró Patricio Chávez, asambleísta ponente y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.
El proyecto fija como obligaciones del Estado motivar, fortalecer y promover la labor voluntaria, mediante la inclusión de formación integral.
Las organizaciones de voluntariado garantizarán no hacer uso de las personas voluntarias para proselitismo político, religioso o substitución de mano de obra laboral, según informó la Asamblea.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle (PSC), aplaudió la gestión que la Legislatura ha desarrollado en estos dos meses. "Esta es la novena Ley aprobada, la mayoría con más de 100 votos", resaltó.
Previamente, en comisión general, el presidente de la Fundación Voluntar, Julio César Benítez, resaltó que el voluntariado reconocido en el proyecto es organizado, estructurado, eficiente y con objetivos claros que abona a la seguridad y reconstrucción del capital social del Ecuador, mediante el desarrollo de valores y ciudadanía activa.
La Legislatura enviará este proyecto a la Presidencia de la República para la respectiva sanción u objeción.
CAL aplaza nuevo proyecto urgente
Entretanto, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) aplazó para este viernes, 19 de enero, sin explicaciones, el tratamiento del nuevo proyecto de ley económico urgente remitido por el Gobierno de Daniel Noboa.
Eso, frente a un informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), que recomienda que el paquete de reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que incluye el texto, no sea calificado, al argumentar que incumple requisitos relacionados con la urgencia económica y la unidad de materia.
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