El caso de María Belén Bernal se politiza en la Asamblea

El inicio de una investigación en la Asamblea Nacional de los hechos alrededor del femicidio de María Belén Bernal abre un nuevo frente. A las críticas por la actuación policial y de las autoridades, se suma la fiscalización del Legislativo, que toma un tinte político.

La Asamblea regresó del receso legislativo a trabajar de lleno sobre el caso. En su primer día de labores, el 27 de septiembre de 2022, ya creó una comisión ocasional multipartidista para que lleve adelante una investigación de las acciones y omisiones alrededor de este femicidio.

El trabajo de la comisión aún no empieza, pero en un mes deberá presentar un informe con conclusiones y recomendaciones.

Sin embargo, desde ya se anuncia un proceso de fiscalización enfocado contra del exministro del Interior, Patricio Carrillo, y el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez.

Los anuncios se dan en medio de una tensa relación entre Ejecutivo y Legislativo, por lo que todos los legisladores repiten que "no hay un afán de politización". Lo dijo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, después de que Elizabeth Otavalo terminara su comparecencia.

Más allá de los discursos, los ofrecimientos de justicia y las expresiones de solidaridad, el temor es que las bancadas sigan viendo por sus intereses. Y en que, a cuenta de la fiscalización, ganen protagonismo a costa de un femicidio que ha impactado tanto a la opinión pública.

El fantasma de la politización

La configuración actual de la Asamblea la posiciona como un espacio de oposición al Gobierno. Por ello que toma fuerza la posibilidad de que el caso de María Belén Bernal llegue a "politizarse", como una oportunidad para atacar al Gobierno.

Los legisladores se defienden. Aseguran que aunque el tema puede ser político, no está tomando ni tomará un tinte partidista. Este encabezado se repitió en varias ocasiones en el Pleno.

"Se ha dicho que no se politice un tema que es político, no partidista. Político, sí, porque es decisión y falta de voluntad política que no haya presupuesto para programas de género, para la Ley de Evaluación de la Violencia contra la Mujer", dijo Gissela Garzón, de Unión por la Esperanza (UNES).

Durante su intervención en el Pleno, Garzón aseguró que la respuesta de la Asamblea sí debe ser en el ámbito político, pues requieren una respuesta política desde el Gobierno Nacional.

Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática (ID), cree que caer en posiciones partidistas le haría más daño al caso.

Por tanto, considera que el seguimiento que debe hacer la Asamblea debe ser técnico y encaminarse a hacer seguimiento de la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género, que no logra ser aplicada.

"Hay políticos que han usado este caso como un trofeo para exigir cosas al Gobierno, para decir que los femicidios suceden ahora y antes también sucedían", aseguró Moreira.

Los principales señalamientos dentro de la Asamblea son a UNES, la bancada que mantiene la oposición más dura contra el Gobierno.

"Este es un crimen de Estado, y haremos el acompañamiento técnico y jurídico, sin banderas políticas, para que la verdad salga a la luz", señaló Jahaira Urresta (UNES).

El alcance de la investigación

El Pleno decidió crear una comisión multipartidista para que investigue el caso Bernal . Esta comisión no tendrá un miembro del oficialismo y deberá entregar un informe con conclusiones y recomendaciones dentro de un mes. Es decir, a finales de octubre.

Sin embargo, la investigación se cruzará con el proceso que lleva adelante la Fiscalía, y que probablemente lleve más de un mes hasta llegar a una sentencia. Esto, sin considerar otras instancias judiciales, y que el caso incluso podría llegar a cortes internacionales.

Por lo que el real alcance de la investigación de la Asamblea puede ser limitado. Sin embargo, este podría enfocarse en los procesos de fiscalización en contra de Patricio Carrillo y Diego Ordóñez.

Carrillo, de hecho, ya enfrenta un juicio político por sus actuaciones durante el paro nacional de junio de 2021. Este juicio comenzará una vez que termine el proceso en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.

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