Caso Independencia Judicial: Nueve meses de prisión para Xavier Muñoz por obstrucción a la justicia
Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura, se sometió a procedimiento abreviado y firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía.
El 29 de diciembre 2023, Xavier Muñoz fue llevado a la Carcel 4, en el norte de Quito.
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El exvocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz, quien se declaró culpable de obstrucción a la justicia y se acogió a la cooperación eficaz con la Fiscalía, deberá cumplir una condena de nueve meses y seis días. Así lo anunció el juez de la causa este jueves 20 de junio de 2024.
La audiencia de procedimiento abreviado se desarrolló el martes 18 de junio en la Corte Nacional de Justicia. Ese día, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, pidió al juez Julio César Inga, que se imponga una pena reducida de nueve meses y seis días para Muñoz.
Salazar adujo que él ha colaborado con la justicia y ha permitido adelantar este proceso o iniciar nuevas investigaciones.
Cooperación eficaz
Salazar mencionó que Muñoz, en calidad de uno de los autores del delito que se persigue, ha aceptado acogerse a la cooperación eficaz y ha colaborado en las investigaciones de Fiscalía en este tema de alta importancia para el país.
De allí que, según dijo, correspondería reducir la pena acordada -que, en principio, era de 92 meses-, en un 90%. Con ello, la Fiscal General planteó que Muñoz sea condenado a nueve meses y seis días de cárcel.
El delegado de la Procuraduría General del Estado dijo que no tiene ninguna objeción a la postura de Salazar. A diferencia de Patricio Morales, abogado del Consejo de la Judicatura, quien dijo que no objeta el procedimiento abreviado y la reparación integral, pero sí se opone a la aplicación de la cooperación eficaz para la reducción de la pena, pues sostuvo que "no existe proporcionalidad" en el planteamiento de la Fiscalía.
También se presentó a esta diligencia el exjuez nacional, Walter Macías, como víctima indirecta de las actuaciones de Muñoz para sacarlo de causas que eran de su interés en la Corte. Él consideró que se han cumplido los requisitos para solicitar el procedimiento abreviado. Sin embargo, no se pronunció sobre la cooperación eficaz.
La fiscal Salazar solicitó que se declare en reserva esta diligencia para que el juez pueda conocer los elementos aportados por Muñoz, a lo que accedió el magistrado. Anunció que esta diligencia será retomada, de manera pública, el jueves 20 de junio, a las 12:00.
El juez consultó a Xavier Muñoz si acepta las consecuencias jurídicas del procedimiento abreviado, a lo que él respondió afirmativamente. Él lleva más de cinco meses con prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, por lo que saldría en libertad en cuestión de cuatro meses, si se acepta la propuesta de la Fiscalía.
La audiencia ocurre como parte del caso Independencia Judicial, en el que se investiga una presunta obstrucción a la justicia, y en el que son investigados también el expresidente de la CJ, Wilman Terán, y Maribel Barreno.
El 10 de abril pasado, Muñoz rindió su testimonio anticipado y luego de aquello solicitó acceder a un procedimiento abreviado con el cual aceptaría las acusaciones de la Fiscalía, a cambio de una reducción de la pena.
En esa declaración, Muñoz reconoció que en el Consejo de la Judicatura se conformó una mayoría, con Terán y Barreno, que tenía como fin suspender y destituir al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macias.
Aseguró que él votó junto a esa mayoría sin pensar que eso era perjudicial para el sistema de justicia del país.
La primera en tomar la palabra fue la fiscal General del Estado, Diana Salazar, para presentar los fundamentos y argumentos para aplicar este procedimiento en el caso de Muñoz.
La fiscal Salazar pidió al juez, Julio Inga, que acepte el procedimiento abreviado y sugirió la reducción de la pena. Muñoz aceptó los hechos que le imputó la Fiscalía y la pena sugerida.
Para someterse al procedimiento abreviado existen algunos requisitos. Pueden acogerse las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 10 años.
Aunque el procedimiento no aplica en delitos de secuestro, contra la integridad sexual y reproductiva y cuando se trate del delito de violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
La obstrucción de la justicia es sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Este delito se configura cuando una persona, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio, en todo tipo de procesos judiciales, ejecuta una de las siguientes conductas:
- Impida la prestación de testimonio o la aportación de prueba.
- Induzca a una persona a prestar falso testimonio.
- Interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces y fiscales.
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