Caso Plaga: Juez dicta prisión preventiva para 13 de los 14 detenidos

Al anunciar su decisión, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para los procesados Lenin V., Hugo L. (organizadores), Franklin T., Ángel L., Byron O., Simón G., Gary P., Joffre R., Omar J., José M., José T., Hugo A., Marco C. (colaboradores).

Respecto a María José Lapo (colaboradora) –por encontrarse en estado de gestación–, el Juez dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Así, concluyó la audiencia de formulación de cargos por presunta delincuencia organizada.

La Fiscalía señala a Lapo como posible colaboradora en esta trama, ya que como secretaria de la Unidad Judicial de Pasaje (El Oro) habría realizado sorteos irregulares para favorecer a reos. Así, habría intervenido en decisiones judiciales.

A las 08:00, el juez suspendió la audiencia de formulación de cargos y convocó a las partes procesales a las 18:00, para informar su resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía.

Han pasado casi ocho horas desde la instalación de la audiencia. Tras el pedido de la Fiscalía, es el turno de los abogados de los procesados, quienes exponen sus argumentos para evitar la prisión preventiva.

Pasadas las 03:30 del jueves, la Fiscalía solicitó al juez prisión preventiva para 13 de los 14 procesados.

Para María José L. C. pidió la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, debido a su estado de gestación.

Para armar el caso Plaga, según el fiscal Flores, los agentes extrajeron más de 5.000 chats del teléfono de Vimos, quien ya estaba detenido en la Cárcel 4 de Quito por otro delito. Y también contaron con informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

En los mensajes, relató Flores, se evidenciaron conversaciones con miembros de agrupaciones delictivas, que coinciden con transferencias que luego fueron registradas por la UAFE.

Entre 2022 y 2023, la Unidad de Análisis reportó que Vimos recibió, al menos, 11 transferencias por USD 168.000. Entre los ordenadores de esas transferencias están Jonathan Aguinda, Elío Arboleda y Armando Ruiz, personas relacionadas con el narcotraficante Leandro Norero.

En el caso Metástasis, en el que se investiga la red de corrupción que buscaba la impunidad de Norero y su familia, Arboleda es procesado por supuestamente mover dinero para el capo. Mientras que Ruiz, oficial de Policía, habría lavado dinero a través de la comercialización de vehículos. Y Aguinda es un abogado cercano a Christian Romero, defensor de Norero.

En el arranque de su intervención, el fiscal Hernán Flores indicó que entre 2022 y 2023 un grupo de abogados -coordinados por Lenín Vimos y Hugo Lars Olmos- captaron a presos de distintas cárceles del país, con sentencia o prisión preventiva, para solicitarles dinero a cambio de gestionar acciones constitucionales en distintos cantones del país a cambio de dinero para funcionarios judiciales.

Para esto, Vimos y Olmos se valieron de exfuncionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) para que reclutaran a presos, procesados o sentenciados por asesinato, narcotráfico y otros delitos, y coordinaran con sus abogados el pago de sobornos para funcionarios judiciales.

Entre los funcionarios judiciales, jueces y secretarios, involucrados están: Edwin Tenorio, María José Lapo, Ángel Lindao, Miguel Orejuela, Gary Palma, Joffre Rivera y Simón García.

Además, la agrupación criminal habría confiado con la colaboración de los policías Marco Coque y Hugo Arévalo, quienes se encargaban de verificar el sistema policial para constatar que los presos no tengan otras prohibiciones y no sean detenidas luego de recibir la libertad por acciones constitucionales irregulares.

Tras escuchar la intervención de los 14 abogados y una breve réplica de la Fiscalía, el juez Choez dijo que los pedidos de nulidad no tienen lugar, ya que él mismo notificó a los investigados con la orden de detención con el fin de que asistan a la audiencia de formulación de cargos.

Por esta razón, Choez declaró legal la detención de las 14 personas y dio paso para que la Fiscalía procese a los investigados por presunta delincuencia organizada.

Wiler Choez, juez que está a cargo de la audiencia del caso Plaga, dijo que durante la audiencia -a la que asiste de manera virtual- su computadora sufrió un intento de un ciberataque con un virus.

Mientras los abogados de los investigados se pronunciaban sobre presuntas ilegalidades en la detención de los investigados, el magistrado se desconectó por varios segundos. Pero casi de inmediato se reconectó y la audiencia continuó.

Durante su intervención, el abogado de Ángel Lindao, exjuez de La Concordia y uno de los procesados, señaló que la Fiscalía ha cometido un abuso en contra de su defendido.

Esto porque Lindao ya es procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis. Además, fue convocado a rendir versión por asociación ilícita y ahora lo detienen -dijo- por una nueva causa por delincuencia organizada. Señaló que los tres procesos se refieren a los mismos hechos.

El Ministerio Público ha señalado a Lindao por conceder, de manera supuestamente irregular, una acción de protección a favor del narcotraficante Leandro Norero para que recuperara una casa en Samborondón, que le incautaron cuando fue detenido en mayo de 2022.

Cada abogado tuvo tres minutos para referir posibles irregularidades en la detención. El abogado de Lenín Vimos, por ejemplo, señaló que como los investigados no fueron notificados con 72 horas de anticipación, se deben declarar ilegales las detenciones y negar la formulación de cargos.

La defensa de María José Lapo también señaló que ninguno de los indagados ha sido notificado con el inicio de una investigación previa y mucho menos sus versiones han sido tomadas por parte de la Fiscalía de Pichincha, que es la que lleva el caso. Coincidió en el pedido de declarar nulo lo actuado hasta este momento.

Tras una breve reunión, entre cada detenido y su abogado defensor, el juez Choez reinstaló la audiencia. Primero, deberá declarar legal la detención de los 14 investigados y, posteriormente, la Fiscalía presentará los indicios que fundamentan el proceso.

Apenas instalada la audiencia, el juez Choez otorgó un plazo de cinco minutos para que los abogados se reúnan en privado con sus representantes antes de la formulación de cargos. Por lo que la diligencia tuvo su primera suspensión.

El juez Wiler Choez está a cargo de esta audiencia. A las 23:33, tras constatar la presencia de los 14 detenidos y sus abogados, el magistrado declaró instalada la audiencia por presunta delincuencia organizada. El fiscal Hernán Miguel Flores presentará el caso.