Correa recibió un segundo préstamo por USD 20.000, según activistas

Nota actualizada a las 16:05 con la información sobre Odebrecht

Así consta en una hoja de Excel de los registros extraídos de la computadora de Laura Terán, exhibido este lunes 19 de agosto de 2019 por el activista político Fernando Villavicencio y el exasambleísta César Montúfar.

El documento registra el préstamo realizado a SP, presuntamente identificado como Señor Presidente, mientras la devolución se registra como RC, supuestamente Rafael Correa.

Según Montúfar es muy importante esta información, porque probaría que SP es RC, el "cabecilla de una banda delincuencial organizada para perjudicar al país".

Villavicencio y Montúfar se mostraron extrañados porque la fiscal Diana Salazar no haya incluido este elemento en la vinculación de cargos a Rafael Correa y otras 21 personas, realizada el pasado 7 de agosto.

Villavicencio y Montúfar pidieron, en la Corte Nacional de Justicia, que la jueza Daniella Camacho los incluya como acusadores particulares en el caso Sobornos 2012-2016.

Específicamente, ellos buscan actuar en nombre de la sociedad civil, en contra de Rafael Correa, Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís.

Igualmente, contra las empresas SK, Sinohydro, Hidalgo & Hidalgo y Azul.

La negociación con Odebrecht

Los activistas políticos instaron al procurador, Íñigo Salvador, a excusarse de continuar las negociaciones con la compañía Odebrecht que buscan concretar el pago de una reparación integral para Ecuador, por los perjuicios ocasionados por la trama de corrupción desarrollada por esa empresa.

Ellos insisten que el actual procurador, cuando fue asesor del proyecto Refinería del Pacífico (mayo 2010 - marzo 2012), emitió informes en favor de la compañía Worley Parsons, que, a su vez, realizó trabajos de ingeniería para Odebrecht.

Se trata del acueducto La Esperanza, Manabí. El proyecto es parte de las obras de la refinería. El costo inicial fue de USD 259 millones. Tras cinco contratos complementarios, ocho órdenes de trabajo y el reajuste de precios, la obra terminó costando USD 296 millones.

Según Montúfar y Villavicencio, el procurador tiene conflicto de intereses con Odebrecht, razón por la cual debería salir del comité que negocia el monto de la reparación. 

También integran el comité: Diana Salazar, fiscal general; Iván Granda, secretario Anticorrupción; y, el contralor Pablo Celi. 

Además, consideran que la constructora brasileña debe ser vinculada por Fiscalía, por haber violado el acuerdo de cooperación con la justicia ecuatoriana al omitir información clave para desentrañar la trama de corrupción que habría operado en el gobierno de Rafael Correa:

• Entrega de USD 2,5 millones para las campañas de Alianza PAIS.
• Acuerdo firmado con Juan Falconí, Alexis Mera y otros para retornar a Ecuador tras la expulsión decretada por Correa en 2008.

En próximos días, Montúfar y Villavicencio presentarán una denuncia penal contra Odebrecht, y sus exrepresentantes en el país Jose Concienciao Santos y José Santos Filho.

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