Una detención casual en la playa se volvió un lío para los Bucaram

La trama de corrupción que involucra a los extranjeros Shy Dahan y Oren Sheinman estalla en la provincia de Santa Elena, el 3 de junio de 2020. Ese día la Policía informa sobre la detención de unos falsos agentes de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) que vendían insumos médicos.

¿Cómo fue que los dos israelíes que vivían en un lujoso departamento de Quito terminaron presos en Santa Elena? Todo fue una coincidencia, pues fueron atrapados en un punto de control rutinario de la Policía.

Por la denuncia que hizo Bryan Pérez, el empresario que vendió las pruebas rápidas de Covid que a su vez fueron revendidas a Jacobo Bucaram Pulley, el hijo mayor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, se sabe que la mercadería salió de Quito el 19 de mayo de 2020.

La transacción se concretó en la casa de Abdalá Bucaram en la ciudadela Kennedy, al norte de Guayaquil, según la declaración de los dos israelíes. Ese hecho ocurrió entre el 19 y 23 de mayo.

Celebración frustrada

Las investigaciones judiciales apuntan que Dahan y Sheinman (que también tiene nacionalidad australiana), luego de sellar la venta, partieron rumbo a Santa Elena para celebrar que el negocio se logró concretar.

Aquellos eran los días más duros del confinamiento producto de la pandemia. Supuestamente nadie podía salir de Guayaquil, pero eso no los detuvo.

A la provincia de Santa Elena llegaron a bordo de un vehículo Ford Explorer azul con placas BCR 7273. Se hospedaron en un departamento de Bahía Chipipe, un moderno y lujoso edificio al pie de la playa, en el cantón Salinas.

Chipipe, en la continuidad del Malecón de Salinas, es el sector más exclusivo del balneario. Alquilar un departamento en ese edificio cuesta USD 165 la noche, según distintos portales de turismo.

Querían alejarse de la pandemia que azotaba Guayaquil y también de Quito, donde estaba Bryan Pérez Vinueza.

Por esa época este joven empresario quiteño de 28 años, Pérez Vinueza, reclamaba a los israelíes por el pago de las pruebas Covid-19 que terminaron en manos de Jacobo Bucaram Pulley.

Pero el 1 de junio de 2020 los dos extranjeros son detenidos en el punto de control de rutina que se ubicaba junto a la refinería de La Libertad. 

Pablo Lastra, comandante subrogante de la subzona Santa Elena, explica a PRIMICIAS que allí se había instalado un control de salvonductos. Un control rutinario.

“El vehículo inmediatamente se identificó como sospechoso. No traía placas en la parte delantera, solo atrás y vidrios polarizados”, cuenta el oficial.

 Dijeron que eran diplomáticos

Los policías observaron a bordo un bolso verde, que posteriormente revisaron: encontraron USD 100.000 en efectivo. Eso fue suficiente para tomar los procedimientos del caso.

Dahan, quien conducía, se identificó como miembro de la Embajada de Estados Unidos. De hecho presentó una credencial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que lo acreditaba como diplomático, concretamente, como funcionario de la DEA.

El parte policial indica que ambos extranjeros hablaron español, incluido Sheinman. Pero este último ahora asegura que solo habla inglés y hebreo; por eso en cada diligencia exige un traductor.

Justamente por la ausencia de ese traductor no se pudo tomar la ampliación de su declaración, prevista para el pasado 11 de agosto de 2020, en el hospital.

Los policías de Santa Elena en ese momento indagaron en la historia de los extranjeros. Llamaron a Cancillería y la Embajada de Estados Unidos y confirmaron que las credenciales eran falsas. En ese momento se legaliza la detención.

Los israelíes andaban solos. A Santa Elena no llevaron la custodia de los agentes de tránsito municipal de Quito con la que arribaron a Guayaquil. Esto último por la denuncia que presentó el empresario Bryan Pérez contra Dahan por el delito de estafa.

Tampoco estaban a bordo del BMW con el que viajaron de Quito a Guayaquil. Las investigaciones tienen la hipótesis de que ese vehículo regresó a la capital, junto con la escolta.

Tras la detención se iniciaron las investigaciones. Luego, la Fiscalía allanó el departamento de Bahía Chipipe, donde encontraron otros USD 200.000 en efectivo. “Eran fajos de billetes de USD 20”, dice el teniente coronel Lastra.

Ese dinero fue, según la investigación judicial, el que pagó Jacobo Bucaram por las pruebas rápidas.

Actualmente Jacobo Bucaram está prófugo porque tiene dos órdenes de prisión. La primera por el delito de asociación ilícita en el caso de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La segunda orden es por tráfico de bienes patrimoniales culturales, por las tres estatuillas que halló la policía durante el allanamiento de su casa.

Pero la trama continúa y se vuelve más compleja. Dahan fue asesinado el pasado 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral, mientras que Sheinman resultó herido y actualmente es testigo protegido.

Se recupera en el hospital Abel Gilbert Pontón, en Guayaquil.

Traslado a la Penitenciaría

¿Por qué los extranjeros estaban en la Penitenciaría del Litoral? El mismo 1 de junio, tras su detención fueron trasladados por tierra hasta esa cárcel, puesto que Santa Elena no tiene prisiones, solo centros de detención provisional.

El procedimiento es siempre el traslado a Guayaquil. Ambos compartieron celda en el pabellón Consular, donde están los presos de menor peligrosidad.

Los extranjeros apelaron la prisión preventiva, pero el juez no concedió esa medida.

Fue durante su permanencia en la cárcel cuando ellos aseguraron que Jacobo Bucaram era su cliente. A este último lo llamaron a declarar dos veces en La Libertad, pero no acudió.

Y es durante la privación de la libertad que, según el testimonio de Sheinman, recibe constantes amenazas de Jacobo Bucaram, como lo reveló PRIMICIAS.

Es también durante ese periodo en el que se producen los diálogos entre Abdalá Bucaram y Dahan, que posteriormente se filtran.

Héctor Vanegas, abogado de Sheinman, aseguró que Dahan hizo las grabaciones y las envió al extranjero como una especie de seguro de vida si es que algo le llegaba a ocurrir.

A Sheinman y Dahan los acusaban por uso doloso de documento falso y enriquecimiento privado no justificado. Con la muerte de este último, el proceso solo sigue para el primero.

Sheiman ahora enfrenta una condena de tres a cinco años de prisión que quiere reducir al convertirse en colaborador eficaz de la Fiscalía.

Críticas a la fiscal

La fiscal a cargo es Cecilia Peña, agente fiscal de Delincuencia Organizada 1, del cantón La Libertad. PRIMICIAS intentó comunicarse con ella, pero pidió el envío de una solicitud por escrito al Departamento de Comunicación de la Fiscalía.

Fuentes del Ministerio de Gobierno expresaron su malestar por el desempeño de la fiscal. “¿Cómo es posible que no haya rastreado el origen del dinero?”, dijo una funcionaria que prefirió el anonimato.

Jacobo Bucaram no forma parte del proceso y ya no podrá ser involucrado porque ya concluyó la etapa de instrucción fiscal.

Para que sea acusado, sería necesario abrir otro proceso donde consten él o su padre, explicaron fuentes judiciales. De hecho, la detención del expresidente ocurre por otro delito (delincuencia organizada), distinto al que se acusa a Sheinman.

Para este jueves 13 de agosto, en La Libertad, está previsto la audiencia de juicio. Aunque Vanegas intentó posponer la diligencia, aún sigue en pie. 

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