Anticorrupción: quinto intento presidencial a una Asamblea que lo ignora

La noche del miércoles 20 de mayo, el presidente Lenín Moreno anunció por quinta vez el envío de proyectos legales de lucha contra la corrupción para que el Legislativo inicie el trámite.

"Enviaré a la Asamblea Nacional dos modificaciones legales, que creo yo, son fundamentales para evitar la corrupción en tiempos de emergencia económica y para que las sanciones penales sean mucho más drásticas", dijo.

En cadena nacional, el Mandatario dijo que mantuvo una reunión con los representantes de todas las funciones del Estado. Y que juntos prepararon una reforma para el procedimiento de compras públicas por emergencia.

Según Moreno, también trataron el tema de la recuperación de activos, ya que el marco legal vigente "imposibilita hacerlo con la celeridad que el asunto merece".

Las experiencias previas con el Legislativo

Sin embargo, en los cuatro intentos previos, el Ejecutivo no ha tenido suerte con sus proyectos anticorrupción cuando llegan a manos del Legislativo.

En julio de 2018, Moreno envió una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). ¿El objetivo? Identificar, recuperar, repatriar y extinguir el dominio de los bienes de origen ilícito.

Según el Sistema de Formación de la Ley de la Asamblea, ese proyecto solo superó la calificación del Consejo de Administración Legislativa y nunca llegó al pleno. Aún reposa en la Comisión de Justicia.

En septiembre de 2018, el Mandatario envió un nuevo proyecto. Esta vez de anticorrupción y protección del denunciante. Este llegó hasta el segundo debate en el pleno del Legislativo, en julio de 2019, pero los asambleístas resolvieron incorporarlo a las reformas al COIP.

Más que endurecer o ampliar las penas por delitos de corrupción, esta normativa se enfocaba en los beneficios de las delaciones. La idea era incentivar a quienes hubieran participado o no en este tipo de actos para que dieran información a las autoridades.

Estos incentivos entraron en vigencia el 24 de diciembre de 2019, con la publicación en el Registro Oficial de las reformas penales.

El Ejecutivo lo intentó por tercera vez el 2 de septiembre de 2019. El entonces secretario anticorrupción, Iván Granda, entregó en la Asamblea Nacionaluna reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial.

El objetivo era crear la figura de jueces especializados anticorrupción y en crimen organizado, que tengan competencia y jurisdicción específica (distrital).

César Litardo, presidente del Legislativo, dijo que el proyecto tendría prioridad. Pero hasta la fecha reposa en la Comisión de Justicia y no ha pasado ni al primer debate en el Pleno.

El cuarto proyecto, de reformas penales en materia anticorrupción, fue remitido al Legislativo el pasado 5 de marzo. Aunque pasó desapercibido por la llegada de la pandemia y la crisis sanitaria.

Ahí, el Ejecutivo trataba figuras como la investigación compleja, la obstrucción de justicia, el tráfico de influencias, los actos de corrupción en el sector privado, entre otros. También espera tratamiento en la Mesa de Justicia.

Algo que sí sucede en la Asamblea con frecuencia son los discursos en contra de la corrupción, sea a favor o en contra del Gobierno. Pero más allá de su tarea legislativa, tampoco ha habido aportes significativos desde el área de fiscalización.

El nuevo pedido para luchar contra la corrupción

Por estos antecedentes, el presidente Moreno les insistió a los legisladores a través de la misma cadena nacional. Les pidió que tramiten los proyectos de extinción de dominio y para la creación de jueces especializados anticorrupción.

Pero no fue específico en el anuncio sobre los nuevos proyectos, más allá de las temáticas.

Primero dijo que los enviaría ese mismo día; después agregó que, tras la reunión con las demás autoridades, el procurador Íñigo Salvador será el encargado de juntar todas las iniciativas y así "facilitar la condena de los corruptos y la repatriación del dinero".

Pero, a la vez, Moreno habló de su respaldo a la transformación de la Contraloría en un tribunal de cuentas. Una iniciativa legal que el contralor Pablo Celi dejó en las manos de Moreno el 25 de septiembre de 2017. Pero esta nunca llegó a la Asamblea.

Sin embargo, ahí hay un debate legal, ya que para modificar la estructura de la entidad se requeriría una enmienda constitucional, que bien podría remitirla el mismo Presidente a la Legislatura.

La Corte Constitucional ya aprobó esa vía legal el 6 de marzo para una iniciativa ciudadana, que plantea una enmienda para reducir el número de asambleístas y para dar paso a esa transformación de la Contraloría.

Es así que, sea por parte del Legislativo o del Ejecutivo, los proyectos legales siguen a la espera de ser tramitados.