Desde creación y eliminación de notarías sin sustento, hasta el nombramiento de notarios con irregularidades. Esos son algunos de los resultados de una auditoría hecha por Contraloría.
La Contraloría General del Estado (CGE) encontró cerca de 60 irregularidades en el manejo del Consejo de la Judicatura (CJ) en el sistema notarial del país. El 8 de mayo de 2020, la entidad de control aprobó el informe de la auditoría que da muestras del festín notarial que se vivió en el país.
El examen especial al Consejo de la Judicatura revisó los concursos de méritos y oposición para la selección de notarios en 2012, 2014 y 2016.
Según el Consejo de la Judicatura, el período de 265 de los 592 notarios que hay en el país concluyó en diciembre de 2019. La mayoría de estos funcionarios fue seleccionada en los tres concursos observados.
El 15 de enero de 2020, María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura actual, informó que entre las prioridades de la entidad para este año no está el nombramiento de notarios, por lo que todos fueron prorrogados.
En 2020, la Judicatura está priorizando la selección de jueces nacionales, para lo que ya se aprobó un reglamento; y el proceso para la carrera fiscal, que aún está en planes.
Es decir, los notarios seguirán en funciones pese a las observaciones de la Contraloría sobre sus nombramientos.
Creación y eliminación de notarías
En 2012, el Consejo de la Judicatura, presidido por Paulo Rodríguez, creó 108 notarías y eliminó 14. Según la Contraloría, para hacerlo solo se consideró el factor poblacional de los cantones en los que se inauguró o cerró estas dependencias.
Y se dejaron de lado otros requisitos legales.
- Estadísticas del servicio notarial por cantón.
- Análisis detallado sobre el número de actos o contratos realizados anualmente por cantón.
- El informe técnico no fue validado por la Directora Nacional de Personal del CJ.
Es decir, las notarías fueron creadas y eliminadas a dedo, sin un estudio previo de que esto ayudaría a mejorar el servicio notarial.
¿Notarios vitalicios?
Según la información recabada por la Contraloría, seis notarios del país se encuentran en funciones por más de 20 años.
Entre el archivo del Consejo de la Judicatura no se encontraron actos administrativos sobre las prórrogas en sus funciones. Tampoco hay resoluciones de los diferentes Plenos de la Judicatura que en 2012, 2014 y 2016 hicieron concursos para designar notarios y no los reemplazaron.
Estos son los notarios que llevan varios años en funciones.
La normativa ecuatoriana establece que los notarios deben durar en sus funciones seis años y deben ser elegidos a través de un concurso de méritos y oposición.
Designación de notarios
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Proceso 2012
La primera anomalía detectada es que, en medio del proceso se modificó la normativa del concurso.
El septiembre de ese año, el CJ emitió el instructivo para el concurso. A inicios de noviembre, el coordinador del proceso presentó los resultados de la calificación de méritos.
Aspirantes a notarios durante el curso de formación inicial, en 2013. CJ
Pero, días después, el Consejo de la Judicatura volvió a modificar el instructivo y, con esa decisión, cambiaron las asignaciones de puntajes para la etapa final del proceso. Con esta reforma, 43 postulantes siguieron en el proceso sin la calificación mínima.
Además, en la etapa de recalificación de méritos se valoró documentos que ya habían sido calificados. Por ejemplo, a 63 postulantes se les ‘ayudó’ para que obtengan el mínimo de 10 puntos y pasen a la siguiente fase; y a 16 más para que sobrepasen los 10 puntos.
En total, 79 postulantes accedieron al curso de formación inicial y, posteriormente, fueron designados notarios sin que se haya verificado su experiencia laboral, formación académica y capacitación.
Ya en la fase de oposición, mediada por el curso de formación, la Contraloría descubrió que las calificaciones de las pruebas teóricas de los postulantes son diferentes a las que se presentaron en el informe final.
Finalmente, la Judicatura transitoria de Paulo Rodríguez modificó el reglamento de asignación de notarías para no respetar el orden prelación según la calificación. Por ejemplo, en Pichincha se asignó la Notaría Primera de Quito al postulante que quedó en puesto 29.
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Proceso 2014
Para este concurso que buscaba llenar 450 cupos en el servicio notarial, ya estaba en funciones la Judicatura definitiva, presidida por Gustavo Jalkh.
Gustavo Jalkh, como presidente de la Judicatura, convocó al concurso para las notarías, el 20 de octubre de 2014. CJ
Según la Contraloría, el desorden llegó desde el inicio. Se ofertaron 450 cupos, pero no se explicó como se establecieron ni se especificó en que provincias ni cantones.
Por esta razón, algunos postulantes ganadores tuvieron que desistir del cupo porque no conocían el lugar al que serían asignados.
Ya en el concurso, en la etapa de méritos, sin verificación ni de la Dirección de Talento Humano ni del Pleno del CJ se permitió que 18 postulantes sigan en el concurso sin cumplir con los tres años de experiencia mínima.
Al igual que en 2012 hubo anomalías en las pruebas teóricas. 61 postulantes recibieron una recalificación y obtuvieron de uno a 13 puntos más sin mayores explicaciones y luego fueron nombrados notarios.
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Proceso 2016
También bajo la administración de Jalkh, en junio de 2016 se empezó el concurso para las vacantes en el órgano auxiliar del servicio notarial.
Entre las irregularidades resalta que para este concurso, se estableció como requisito el pago de USD 300 por tasa de servicio administrativo. Pero no se pudo comprobar a donde fueron esos recursos.
La entidad recibió USD 59.700 por ese rubro.
En el concurso, los responsables de la verificación de la capacitación de los postulantes calificaron certificados de eventos con más antigüedad que la permitida. Así, seis postulantes obtuvieron una nota mayor que la merecida.
En las pruebas prácticas, a cinco postulantes se les incremento entre uno y 15,5 puntos para que lleguen al mínimo de 70 y sigan en el concurso, sin demostrar justificaciones para el alza de notas.
En la designación, en cambio, 19 postulantes fueron designados a cantones distintos a los señalados en sus actas de compromiso.
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