Fiscalización entrega su informe y pide que Pablo Celi sea censurado

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, entregó el 5 de agosto de 2021 el informe de posiciones para el avance del trámite de juicio político contra el excontralor Pablo Celi.

Después del "error administrativo" en la falta de notificación de la prórroga para entregar el informe de la Comisión de Fiscalización, los integrantes de esa mesa se reunieron para presentar sus posiciones.

Según la Ley de la Función Legislativa, cada uno debe expresar su postura sobre las causales de las que se acusa a Celi. Con ello, el Pleno decidirá si llama o no a juicio al excontralor, aunque la bancada oficialista BAN ha adelantado que ellos pedirán el juicio político.

Durante la discusión, los legisladores mostraron diferentes criterios sobre las seis acusaciones que consolidarían el incumplimiento de funciones de Celi:

• Su proceso de designación en 2017, de manos de Carlos Pólit.
• La falta de emisión de informes de responsabilidad en el caso Odebrecht.
• Los contratos con HDC Producciones, de Daniel Salcedo.
• La interferencia de funciones con el Consejo Nacional Electoral, por la eliminación de cuatro organizaciones políticas.
• La interferencia en el proceso electoral, por las mismas causas.
• Su involucramiento en el caso Las Torres, en el cual está acusado del presunto delito de delincuencia organizada.

La mayoría de los asambleístas estuvo de acuerdo en que la última causal no configuraría el incumplimiento de funciones, pues es la justicia la que tiene que sancionar el caso Las Torres. Sobre las otras cinco causales, hubo criterios divididos.

Sin embargo, todos coincidieron en que sí hubo un incumplimiento de funciones, por lo que Celi debería ser enjuiciado políticamente y censurado.

"Este juicio no se cae. El país tendrá un juicio político y la recomendación de los nueve colegas apunta hacia allá. Una vez más, hemos demostrado consenso entre los nueve colegas".

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización.

El siguiente paso es una convocatoria al Pleno de la Asamblea, en el que los 137 legisladores deberán decidir si va o no el juicio político.

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