La frontera norte vive entre las promesas y el olvido

Los problemas urgentes en la frontera norte son la inseguridad y la pobreza. Esto ocurre en medio de un contexto transversal que salpica todas las áreas de las sociedades: la pandemia de Covid-19.

Precisamente esta semana los gobiernos de Ecuador y Colombia mantuvieron el IX Gabinete Binacional para resolver asuntos bilaterales y especialmente fronterizos, en temáticas que se repiten año tras año.

Según el presidente Lenín Moreno, pese a las adversidades, ejecutaron el 67% de los compromisos adquiridos en la cita realizada en 2019, en áreas como el combate a la delincuencia trasnacional, el narcotráfico y la corrupción. Además se identificaron 63 pasos fronterizos ilegales.

Ambos mandatarios de Ecuador y Colombia insistieron en lo mismo que sus antecesores. El objetivo de los encuentros es el desarrollo económico y social para las poblaciones en ambos lados de la frontera. Según Moreno, en la frontera viven más 3,7 millones de personas.

Las provincias que colindan con los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo tienen realidades diferentes a las del resto del país, incluso a las de las poblaciones de la frontera sur. Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos e Imbabura, sufren los impactos de lo que sucede en Rumichaca y sus alrededores.

En esos 26 cantones y sus 146 parroquias habitan 1,53 millones de ciudadanos, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Es decir el 8,8% de la población nacional, en una superficie que representa el 16,5% del territorio nacional.

Seguridad y narcoguerrilla

La inseguridad en la frontera norte tuvo su clímax en 2018, cuando hubo varios atentados y secuestros, incluido el asesinato del equipo periodístico de El Comercio y de una pareja de civiles.

La zona, a ambos lados del límite fronterizo, ha estado dominada por los movimientos del narcotráfico, especialmente en Esmeraldas y Sucumbíos, por los pasos ilegales y la ausencia de los Estados. Además, la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), desde la firma del acuerdo de paz en 2016, dejó espacios libres para la disputa de las narcoguerrillas.

Por eso para marzo de 2018 la presencia militar ecuatoriana se incrementó tras la crisis y Defensa desplegó a 12.000 efectivos para intentar controlar la zona. Ninguna de las investigaciones por los casos de violencia y atentados han arrojado resultados hasta ahora.

Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidenció en su informe que, pese a todos los acuerdos de cooperación firmados durante ocho años de gabinetes binacionales, Ecuador y Colombia fallaron en coordinar operativos e investigaciones en el caso del equipo periodístico.

Desde el primer gabinete binacional, entre Juan Manuel Santos y Rafael Correa, ambos gobiernos prometen mejoras de seguridad que no llegan a materializarse. Y ocho años después, las problemáticas siguen siendo similares.

Un desarrollo inexistente 

Según el Plan estratégico de seguridad integral fronteriza de la frontera norte, publicado en 2018, el desarrollo fronterizo o, en este caso, su ausencia es un factor determinante en la situación de inseguridad en la región.

Seis años después del primer gabinete binacional, el Ministerio de Defensa repite el diagnóstico usual, en las cuatro provincias hay déficit de desarrollo y producción permanente que genera índices superiores en varios casos a los promedios nacionales de:

• Pobreza
• Desigualdad
• Desnutrición
• Mortalidad materna e infantil
• Discriminación
• Violencia de género
• Desempleo

Por lo que el eterno objetivo de las autoridades, también plasmado en este Plan, sigue siendo "ejercer un control efectivo del territorio y de su ordenamiento en los espacios terrestre, acuático y aéreo; así como, de los recursos, infraestructura y áreas estratégicas". De este propósito se desprenden otras 26 metas generales.

La reactivación de la economía

En el mismo documento, las autoridades reconocen que la economía en la frontera norte también tiene dos problemas particulares:

• La inseguridad de la zona golpea el turismo.
• El comercio colombiano atrae a los ecuatorianos que prefieren cruzar la frontera para adquirir productos.

Sin contar dos fenómenos adicionales recientes:

• La crisis migratoria venezolana.
• Y el cierre de fronteras por la pandemia de Covid-19.

Ya el año pasado, la provincia de Carchi, que lleva en crisis desde 2012 por su baja competitividad frente al peso colombiano, mantuvo un paro para exigir respuestas de las autoridades.

La protesta, que incluso cerró el puente internacional de Rumichaca, exigía condiciones específicas para la provincia, para que pueda competir con el vecino país. Además, al descontento ciudadano se sumó la deuda arrastrada con los gobiernos locales, que sigue siendo un problema a día de hoy.

Ahora con la pandemia el escenario es más complicado. Si bien el gobierno ha abierto caminos para la reactivación turística en el país y está otorgando créditos para emprendimientos, la reactivación económica en el norte sigue siendo presa del cierre de la frontera.

Además que la economía ilegal no ha parado, el contrabando de combustibles y otros productos incrementó debido al mismo cierre de los pasos legales. Y es algo que ninguno de los gobiernos ha podido contrarrestar.