Líos contractuales impidieron que hospital de Manta obtenga mascarillas

La Contraloría General del Estado publicó el informe del examen especial que hizo al Hospital General de Manta. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 18 de mayo de este año.

El objetivo era examinar las compras realizadas en el marco de la emergencia sanitaria, por la pandemia de coronavirus.

En el periodo analizado se realizaron compras por USD 1,1 millones, indica la Contraloría en el análisis.

Una de las compras de emergencia fueron 10.000 mascarillas N95. La Contraloría señala que hasta la fecha cuando se concluyó la auditoría no se entregaron estos implementos de protección al personal médico.

El subdirector administrativo financiero aprobó el estudio de mercado, “sin observar que la empresa contratista ofertó mascarillas KN95".

Lo correcto y conforme a la necesidad por la pandemia era adquirir mascarillas N95.

Debido a ello, la subdirectora de enfermería, quien era la administradora del contrato, no recibió los bienes propuestos por la proveedora, ya que no se cumplían las especificaciones técnicas.

Eso ocasionó, indica el informe de Contraloría, que el hospital de Manta “no haya contado con estos insumos para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19”.

Compras con sobreprecio

Contraloría también informa que la casa de salud compró 438 unidades de carbohidratos (Detroxa en agua) sin considerar que ese producto estaba en el catálogo electrónico de compras públicas.

En este sistema, la medicina tiene un precio más bajo que el del contrato. La diferencia de esta compra es de USD 402,96.

El informe de Contraloría lleva la firma de Francisco Falquez, director provincial de la entidad en Manabí.

Otras irregularidades 

No es la primera vez que el hospital de Manta, perteneciente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), está envuelto en irregularidades.

Desde agosto, la Fiscalía investiga un presunto peculado en las compras públicas que realizó un exfuncionario de la casa de salud.

Según los hallazgos, Galo C. realizó varias compras de insumos durante el estado de emergencia. Tras su desvinculación del hospital, los comercializó a través de Internet en Quito. Además, este exfuncionario movilizó USD 100.000 de sus cuentas bancarias.

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