Después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente Daniel Noboa y su equipo tienen tres meses para presentar el nuevo Plan Nacional de Seguridad.
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el Gobierno se plantea 16 metas que cumplir hasta 2025 sobre seguridad integral, paz ciudadana y el sistema de justicia. Siete están relacionadas directamente con la crisis de inseguridad relacionada con el crimen organizado.
Es por eso que el plan recuerda la declaratoria del conflicto armado interno y la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Esa decisión del presidente Daniel Noboa, sin embargo, no ha sido aún revisada por la Corte Constitucional, que ha dejado pasar 50 días sin emitir un dictamen.
Los objetivos de seguridad están dentro del eje social del PND. Pero el documento no explica cómo se ejecutarán las 40 estrategias planteadas para enfrentar "el incremento desmedido de la violencia, el desarrollo de la economía criminal y una crisis institucional".
Aunque de manera mucho menor, esta arista del Plan contempla políticas y estrategias para tratar otros temas como la violencia de género e intrafamiliar, la violencia contra la población LGBTI, los flujos migratorios y la gestión de riesgos.
Así, la seguridad integral es el objetivo principal donde se plantean las metas más ambiciosas de todos los indicadores recogidos en el PND, que deberán cumplirse hasta mayo de 2025, cuando Noboa deje el poder o empiece un nuevo periodo.
Además, a partir del 16 de febrero de 2024, cuando se aprobó este documento, empezaron a correr los 90 días para que el Ejecutivo presente su Plan Nacional de Seguridad, que debe tener correlación con lo ya publicado.
Las estrategias en seguridad
Las 16 políticas que el Ejecutivo plantea, para los 15 meses que le quedan de gestión, contienen -cada una- entre dos y tres estrategias a ejecutar por una entidad responsable.
Por ejemplo, la primera apuesta por "prever, prevenir y controlar los fenómenos de violencia y delincuencia". Para ello, el Plan enumera tres estrategias específicas:
- Prevenir el reclutamiento de menores, por parte de grupos delictivos organizados, promocionando factores de protección en entornos influenciados por el delito y la violencia.
- Contener y disminuir los delitos de oportunidad: secuestro, extorsión, delitos cibernéticos, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, con base a la investigación técnica especializada.
- Integrar a la comunidad en la recuperación del territorio captado por grupos de delincuencia organizada y mercados ilegales, promoviendo la participación ciudadana.
El responsable de esta política es el Ministerio del Interior, que está encargado a Mónica Palencia. La meta es reducir la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, de 45,11 a 39,11.
¿Cómo se logrará eso y qué se hará para ejecutar cada estrategia? El documento no lo responde.
Así se repite en todas las políticas, cada una con sus estrategias, metas y responsables. Aunque cuatro de ellas dependen de la Función Judicial, puesto que las metas establecidas para el sistema de justicia depende del Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo.
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