Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, llegó a la cárcel 4 en Quito
La Fiscalía procesa a Xavier Muñoz y a otros exvocales de la Judicatura por presunta obstrucción de la justicia. El funcionario ya se encuentra en la cárcel en Quito.
El vocal de la Judicatura, Xavier Muñoz, llegó a la cárcel 4 de Quito, la madrugada del 29 de diciembre de 2023.
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Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura, fue detenido la tarde de este 28 de diciembre del 2023 en la ciudadela El Cortijo, del cantón Samborondón, en Guayas.
La prisión preventiva contra el funcionario fue dispuesta por el juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, en el caso denominado Independencia Judicial. En este proceso, la Fiscalía investiga a Muñoz y a otros exvocales de la Judicatura por supuesta obstrucción de la justicia.
Tras realizarle los exámenes médicos, Muñoz fue trasladado a Quito, donde llegó en horas de la madrugada de este jueves a la Cárcel 4. Arribó escoltado de un fuerte contingente policial y hasta militar.
En este penal también se encuentra detenido Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, que cumple prisión preventiva desde hace dos semanas por supuesta delincuencia organizada, como parte del Caso Metástasis.
La detención de Muñoz ocurrió pocas horas después de la audiencia de formulación de cargos, donde la Fiscalía General de Estado aseguró haber presentado más de medio centenar de elementos en contra de Terán, Muñoz y la exvocal Maribel Barreno, como autores directos del delito de obstrucción de la justicia.
También son procesados otros funcionarios de la Judicatura: Andrés J., Marcela V., Carlos G. y Katherine L., en calidad de cómplices. A estos últimos, el juez les dispuso medidas cautelares como la prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente y el uso del grillete electrónico.
El Juez también ordenó la retención de los valores que mantengan los procesados en cuentas de ahorro y corriente, y pólizas e inversiones; y la prohibición de transferir, enajenar o mover bienes muebles que estén a su nombre.
Además, concedió medidas de protección a favor del juez Walter Macías, el fiscal general subrogante (s), Wilson Toainga, y la fiscal Alexandra Zurita, a fin de evitar que el Consejo de la Judicatura ejerza actos de persecución e intimidación en su contra.
Los antecedentes, según la Fiscalía
En su intervención, Toainga mencionó que en 2022 se inició una investigación previa por el delito de tráfico de influencias en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, y que posteriormente se solicitó la formulación de cargos ante la Corte Nacional de Justicia.
Luego del sorteo correspondiente, la competencia para tramitar dicha causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023.
Pero no se instaló debido a que un día antes (3 de mayo), Maribel Barreno presentó una demanda de recusación en su contra.
Luego, el 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del Consejo de la Judicatura suspendieron de sus funciones al mencionado Juez, amparados en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, Andrés J. y Marcela V., a pesar de que –horas antes– la demanda de recusación fue rechazada.
Además, la Fiscalía indicó que el 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez Walter Macías en marco del denominado caso “Las Torres”, por una supuesta infracción.
Eso ocurrió por no haber informado al Presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra del juez Adrián Rojas (juez del Tribunal de dicha causa) y la emisión de la sentencia oral cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encuentre ejecutoriada.
El Consejo de la Judicatura calificó a esta denuncia administrativa como “infracción gravísima” y destituyó al juez Macías. Esa decisión fue tomada con dos votos favorables de los cinco posibles –correspondientes a los vocales (cinco) que conforman el Pleno– en una sesión marcada por irregularidades.
La Fiscalía General del Estado catalogó como un delito lo actuado por las autoridades y exfuncionarios de la Judicatura, el órgano de administración y disciplina de jueces y fiscales.
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