Así se deterioró la relación entre Lasso y la Asamblea hasta el juicio político

Incluso antes de posesionarse, el presidente Guillermo Lasso ya se ganó enemistades en la Asamblea. El supuesto acuerdo con el PSC y el correísmo, para la elección de autoridades internas, fue ignorado. Creo apostó por una alianza coyuntural con los independientes, la Izquierda Democrática y Pachakutik para poner a Guadalupe Llori en la presidencia del Legislativo. Solo el PSC se quedó sin representación en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). El Primer Mandatario celebraba la nueva distribución de poderes en la Asamblea y auguraba un trabajo conjunto.

Pese a tener a Llori como aliada durante el primer año de gestión, el Ejecutivo no tuvo éxito con sus propuestas legales. Por ejemplo, la mayoría de sus vetos fueron desechados en el pleno, que prefería ratificarse en sus propuestas iniciales. Aunque esa cifra ha mejorado en 2023, los proyectos de iniciativa propia de Lasso no han tenido la misma suerte. Por ejemplo, la reforma tributaria, que pasó por el ministerio de la ley, fue derogada en diciembre de 2021. Al Mandatario no le quedó otra alternativa que usar el veto total, para congelar la medida por un año. https://twitter.com/LassoGuillermo/status/1607879228565114880?s=20 El proyecto conocido como 'megaley' fue devuelto y posteriormente la ley de inversiones fue archivada. Entonces, el presidente Lasso dijo que rompía relaciones con la Asamblea y que gobernaría mediante decretos.

La negativa del Legislativo de tratar los proyectos económicos de Lasso provocó que el Mandario reaccione y lance acusaciones contra sus anteriores aliados. En marzo de 2022, acusó al exlíder de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, de pedir prebendas por votos. En ese mismo mes, acusó ante la Fiscalía a cinco legisladores de Pachakutik de pedir beneficios económicos también a cambio de sus votos. Pero después se retractó y quiso retirar tardíamente la denuncia, que continúa en manos del Ministerio Público. https://twitter.com/LassoGuillermo/status/1507869181139689474?s=20

El primer intento de remover a Lasso del poder fracasó en junio de 2022. En aquel entonces, en medio del paro nacional, la propuesta de destitución presidencial directa, alcanzó 80 votos, de los 92 requeridos. Los votos a favor provinieron de UNES, casi la totalidad de Pachakutik, una parte de la ID y los “rebeldes” de esta bancada, así como algunos independientes, incluido el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

Los constantes llamados de las comisiones legislativas y polémicas con los ministros no cayeron bien en octubre de 2022, en medio de la crisis de seguridad que crecía. El presidente Lasso respondió radicalmente. Envió una carta al titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, el 31 de octubre, donde le informó que los funcionarios del área de seguridad se abstendrían de asistir a las convocatorias. El argumento fue que no las sesiones no contaban con el recaudo que la información requiere y que “se pueda usar indebidamente en perjuicio de los intereses de la seguridad nacional”. En noviembre, las inasistencias a dichas comparecencias hicieron que el Pleno condene la actitud de los funcionarios del Ejecutivo.

A finales de 2022, sin proyectos de ley polémicos en la tarima, la relación entre ambas funciones parecía congelada. Sin embargo, los legisladores buscaban cómo desafiar políticamente la gestión del Gobierno, ante lo que consideran fallas. Por eso, los pedidos de juicio político se multiplicaron, e incluían desde casos de supuesta corrupción, hasta la falta de ejecución de obras. En diciembre, el Ejecutivo tenía a siete de sus ministros y exministros en la mira para ser censurados y destituidos, así como otro número similar de intenciones de enjuiciamiento.

Es evidente la intención de ciertos legisladores de buscar la salida del Primer Mandatario a toda costa, como lo declaró en su momento Mireya Pazmiño, una de las acusadoras en el actual juicio político. La Asamblea creó con ese fin una comisión ocasional, para que investigue las denuncias de supuesta corrupción en las empresas públicas y el círculo cercano del presidente Lasso. Ahí arrancó la propuesta de enjuiciamiento. Sin embargo, de esa investigación no queda nada. Ahora la acusación se centra en un único argumento: la renovación de un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). En medio de este escenario, el presidente Lasso volvió a evaluar la posibilidad de disolver al Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. A lo que Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, respondió desafiándolo a tomar la medida sin dilataciones.

En medio del proceso de juicio político, la situación dentro de la Asamblea ha ido cambiando. En un inicio el respaldo a la censura era mayoritario, con el paso de las semanas y la evolución de los argumentos y las acusaciones, ya no es tan seguro. Más allá de las dubitaciones de ciertos legisladores y bancadas, el PSC acusa directamente al Ejecutivo de comprar votos para evitar la destitución. La lista 6 ha perdido tres legisladores en los últimos días. Mientras tanto, a la par, el oficialismo busca conformar una nueva mayoría parlamentaria, frente a la renovación de autoridades para los últimos dos años de gestión legislativa. Y estas negociaciones políticas también podrían influir en lo que suceda en el pleno, sobre el juicio político.