Funcionarios y exdiplomáticos rechazan la reducción de edad para ser embajador

La intención de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea de bajar de 35 a 30 años la edad para ser nombrado embajador o cónsul, genera malestar en funcionarios del Servicio Exterior y diplomáticos en servicio pasivo.

PRIMICIAS conoció que la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior (Afese) y la Asociación de Diplomáticos en Servicio Pasivo (Adesp) enviaron un oficio al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

En este documento rechazan la forma y el fondo de la inclusión de la disposición transitoria a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSE), cuando lo que debatía la mesa legislativa era una reforma a la Ley de Movilidad Humana.

Califican como "anómalo" el procesamiento de la propuesta de reforma, porque fue incluida de forma sorpresiva, como han denunciado varios integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales.

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Los funcionarios y exdiplomáticos consideran "erróneo" justificar la propuesta de bajar la edad como una alternativa para impulsar el empleo joven, como han señalado los proponentes de la bancada oficialista.

"Al respecto, es necesario tener en cuenta que esa política de empleo no es aplicable para los cargos en la máxima categoría del servicio exterior por ser, este, de características particulares y de enorme responsabilidad y especialización", señala la misiva.

Agrega que la LOSE establece estrictos requisitos para formar parte del servicio exterior ecuatoriano. Estos son:

• Se accede por concurso público de méritos.
• Se asciende a las categorías jerárquicas con base a evaluaciones constantes de estudios, dominio de idiomas, experiencia y considerando tiempos de permanencia reglamentados en cada categoría.
• Un embajador de carrera del Servicio Exterior requiere, en la práctica, de un mínimo de 25 años de trabajo y experiencia para llegar a dicho rango, lo que requiere una minuciosa preparación.
• El promedio de edad de un funcionario que accede a este puesto es de, aproximadamente, 50 años. Es decir, 20 años más de lo que propone la reforma.

El requisito vigente de la edad mínima de 35 años es una norma de racionalidad establecida por la LOSE, que no debe ser alterada y ni eliminada bajo ninguna justificación política, señalan la Afese y la Adesp.

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Con todas esas consideraciones, los gremios hacen un llamado, no solo a la Asamblea, sino también al Gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil para velar por el respeto de las normas, en lugar de coadyuvar a erosionar la institucionalidad.