Senadores republicanos quieren que Rafael Correa "rinda cuentas"

El Congreso de Estados Unidos intenta estrechar las relaciones con Ecuador, algo que según los senadores republicanos pasa por hacer que el expresidente Rafael Correa rinda cuentas.

Por eso exhortan a Biden "a responsabilizar inmediatamente al expresidente" por "su participación en actos de corrupción significativa y violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador".

En la carta, difundida este lunes 2 de octubre de 2023, recomiendan al presidente que utilice las herramientas a su disposición. Citan la sección 7031(c), la cual permite impedir el acceso a una visa para entrar a Estados Unidos.

Los senadores, entre los que figura Marco Rubio, de origen cubano, se quejan de que a pesar de estar "imputado en un proceso penal por ordenar el secuestro de un líder opositor" y de una solicitud de extradición contra él por parte de Ecuador, Correa siga "viajando libremente entre Europa y Latinoamérica".

Algunos de estos viajes son "para reunirse con funcionarios del régimen narcoterrorista de Venezuela sancionados" por Estados Unidos, censuran.

Mejor sin Rafael Correa, dicen

A su entender, el país latinoamericano "ha logrado avances significativos" desde que Correa dejó el poder en 2017 y ha conseguido "fortalecer sus instituciones democráticas y promover el crecimiento económico".

El partido Revolución Ciudadana de Correa tiene mucho peso político en Ecuador, donde irá al balotaje presidencial de octubre de la mano de Luisa González.

La campaña electoral ha estado empañada por la violencia ligada al narcotráfico en un país que hasta hace poco se libraba de esta plaga, pese a hallarse entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo.

Correa "difunde activamente retórica antiamericana y altera las instituciones democráticas de su país para su propio beneficio", sostiene el senador Rubio en un comunicado en español.

Rafael Correa gobernó Ecuador diez años, durante tres mandatos consecutivos, tras ganar las elecciones en 2007, 2009 y 2013. Vive exiliado en Bélgica y sobre él pesa una orden de prisión dictada por la justicia ecuatoriana, que en 2020 lo condenó a ocho años de cárcel por cohecho.