Sentencia en firme: Tribunal negó ampliaciones y aclaraciones en caso Sobornos

El Tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia -conformado por Lauro De la Cadena, Milton Ávila y José Layedra- negó los pedidos de ampliación y aclaración a la sentencia de casación solicitada por 13 procesados.

• Teodoro Calle
• William Phillips
• Mateo Choi
• Edgar Salas
• Pedro Verduga
• Pamela Martínez Loyza
• Viviana Bonilla
• Christian Viteri
• Ramiro Galarza
• Alexis Mera
• Rafael Correa
• Alberto Hidalgo
• Bolívar Sánchez

"Toda vez que se han agotado, tanto, todos los recursos ordinarios y extraordinarios (...) este Tribunal de Casación tiene a bien determinar que el proceso ha cobrado ejecutoría", dice la resolución.

Además, el Tribunal de Casación ordenó el envío de todo el expediente del caso al Tribunal de Juzgamiento. Esa instancia deberá emitir las órdenes de captura para los sentenciados.

La sentencia

Con esta resolución, la sentencia del caso Sobornos queda ejecutoriada en los siguientes términos.

Además, de la pena de cárcel que deben cumplir los sentenciados, hay otros puntos en el fallo.

• La colocación de una placa, por parte de los procesados, en la Presidencia de la República en cuyo texto tiene que constar la identificación del caso y el siguiente texto en español y quichua: “Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, la función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción la ética como principio rector”.
• Expresión de disculpas públicas por parte de los condenados en la Plaza de la Independencia, en Quito.
• Asistir y acreditar el cumplimiento de capacitación por 300 horas sobre un curso de ética laica y transparencia en la administración pública.

Además, se ordenó que el monto de reparación que deben cancelar los sentenciados es de USD 14,7 millones. La deuda se reparte de la siguiente manera:

• Autores por instigación, coautores y autores directos: USD 778.224,07 cada uno.
• Cómplices: USD 368.632, cada uno.

También se dispuso la inhabilitación política. Todos los sentenciados perderán sus derechos políticos por ocho años.

Esto quiere decir que -por este tiempo- no pueden elegir ni ser elegidos democráticamente para ningún cargo. El primer afectado podría ser Rafael Correa, quien mostró su interés por candidatizarse a vicepresidente en 2021.