Seis exfuncionarios fueron vinculados al proceso penal por supuesto peculado en la reconstrucción de Manabí, a casi ocho años del terremoto.
Un juez nacional dictó prisión preventiva contra Walter Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas, y medidas alternativas para otros cinco exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa, por supuesto peculado en la reconstrucción de Manabí.
El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Julio César Inga, aceptó este viernes, 12 de abril de 2024, el pedido del fiscal subrogante, Wilson Toainga, y dictó la prisión preventiva contra Solís, al considerar que no existen garantías para que comparezca a este proceso.
El exministro acumula dos sentencias por los casos Senagua y Sobornos, pero no ha cumplido ninguna, ya que se encuentra prófugo en México. Según su defensa, él tiene la condición de refugiado del Gobierno de Manuel López Obrador.
El juez dispuso que se oficie a la Interpol para la ubicación y captura (internacional) de Solis, y que la Presidencia de la Corte Nacional inicie el proceso de extradición desde México.
También ordenó presentaciones periódicas ante un juzgado para el exministro de Obras Públicas, Boris Córdova, los exsubsecretarios, Franklin Bernal y Omar Chamorro; el exdirector del Secob, Víctor Jaramillo, y Milton Maldonado, exdirector de Inmobiliar, los otros exfuncionarios vinculados con esta causa.
En esta causa, la Fiscalía investiga el desvío de USD 367 millones que se recaudaron por la ley solidaria y que debían ser destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto de 2016.
En este caso también está procesado el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue capturado en la Embajada de México en Quito hace una semana. Él ya cumple dos condenas por corrupción, una a seis años por asociación ilícita en el caso “Odebrecht” (en firme desde 2019) y otra a ocho años por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016”, (en firme desde 2020).
Glas deberá cumplir prisión preventiva por el caso Reconstrucción, al igual que el exsecretario técnico de la Reconstrucción, Carlos Bernal. La medida fue impuesta el 5 de enero pasado.
El Juez también ordenó la retención, inmovilización y congelamiento de las cuentas e inversiones que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, propiedad de los nuevos vinculados.
La instrucción fiscal se extenderá por 30 días más.
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