El economista Walter Spurrier analiza la situación entre el Gobierno y la Conaie y cómo la ausencia de una estrategia puso al Ejecutivo en un estado de debilidad.
Después de 16 días de movilizaciones por el paro nacional y un diálogo inconcluso, las organizaciones indígenas, lideradas por la Conaie, insisten en mantenerse en las calles.
Mientras tanto, el Gobierno dio muestras de apertura al tomar ocho medidas sociales y económicas previas al establecimiento de un mecanismo de diálogo.
Incluso redujo USD 0,10 el precio del galón de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel. Permitió la entrada de los manifestantes a la Casa de la Cultura, en Quito, y dio de baja el estado de excepción.
Pero manifestaciones y enfrentamientos siguen. Justo después de la primera jornada de diálogo y la voluntad del Ejecutivo de introducir cambios en la política petrolera y focalizar el subsidio de los combustibles, un convoy militar que escoltaba a 17 tanqueros fue atacado en Shushufindi.
La emboscada, que tuvo lugar en las primeras horas del 28 de junio, dejó un militar muerto y una docena de heridos. Tras este incidente, los representantes del Gobierno no asistieron a la reinstalación del diálogo con la Conaie.
Y el presidente Guillermo Lasso anunció que el Ejecutivo no volverá a la mesa de diálogo con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ni con quienes "mantienen al Ecuador como rehén". Pero advirtió que trabajarán por los indígenas y los campesinos.
Para el economista Walter Spurrier este escenario muestra que el Gobierno carece de una estrategia política y que, con los antecedentes del paro de 2019, las organizaciones sociales creen tener la impunidad para atentar contra el Estado.
Spurrier conversó con PRIMICIAS y analizó una grave crisis que lleva ya medio mes:
¿Cómo ve el panorama nacional, en medio de este diálogo inconcluso?
Lo veo muy mal. Pienso que volvemos a octubre de 2019, cuando el Gobierno no reprimió el levantamiento y estuvo a punto de caer.
Tanto que el entonces presidente, Lenín Moreno, se trasladó a Guayaquil para no ser depuesto y con eso dejó establecido que es posible hacer un atentado contra el Gobierno y salir impune de ello.
Quedó un mensaje de que la Conaie tenía derecho a tomarse Quito, a paralizar el país.
Incluso, cometer actos de violencia y no pagar las consecuencias. Además, lo que se hizo después de judicializar los casos, terminó en que la Asamblea Nacional les dio amnistía.
Entonces, este movimiento ha partido de eso. Quedó como una especie de derecho adquirido la posibilidad de crear esta terrible situación en todo el país, sobre todo en la Sierra y la Amazonía, porque en la Costa se siente menos.
¿Qué debió haber hecho el gobierno del presidente Lasso?
La posición del Gobierno debió haber sido la de no ir al diálogo, sino reprimir la acción. Llegó un momento en que el Presidente habló del uso progresivo de la fuerza y, como resultado de eso, salieron muchos indígenas de Quito y se calmó un poco la situación el fin de semana.
Pienso que el Presidente dio marcha atrás. Incluso, derogó el estado de excepción por el problema que había con la Asamblea. Fue un error, el Gobierno debió haber tomado el control de las calles, de las carreteras, de los campos petroleros. Y no haberlos entregado, como lo hizo.
Segundo, si hubiese habido un tipo de negociación para dejarle una salida decorosa a Leonidas Iza, se hubiera podido negociar desde una posición de fuerza, a posteriori, teniendo control del país.
Al contrario, el Gobierno hizo concesiones unilaterales, que ni siquiera son fruto de un diálogo con Iza. Como la última, de rebajar el precio de los combustibles, que fue una concesión unilateral del Ejecutivo.
Se prestan a una negociación casi como rehenes, en un ámbito controlado por la gente de la Conaie.
En la negociación, encima ceden cosas que, me parece, eran imposibles de ceder. O sea que comprometen la estrategia que se haya propuesto este Gobierno, que en un año está cediendo puntos centrales de su manejo político y económico.
La situación es muy deplorable, muy mal llevada, encontramos incluso que ha habido actos de violencia de grupos paramilitares contra las Fuerzas Armadas, con fallecimientos. Y ni siquiera eso significa que el Gobierno está buscando retomar el control del país.
Y a la vez tiene un frente político paralelo, abierto en la Asamblea Nacional...
En cuanto a lo de la Asamblea y su intención de destituir al Presidente, pienso que la debilidad con que se ha manejado el Ejecutivo frente a la Conaie perjudica al Gobierno.
El Gobierno no ha tenido nada controlado, en efecto, quien sí lo ha tenido ha sido Iza.
No ha habido una estrategia y el Gobierno ha estado muy confiado de que va a tener control en la posición.
¿El gobierno no tiene estrategia? ¿El presidente Lasso está mal asesorado?
Me quiero remitir a lo que leí, cuando renunció el Viceministro de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, que era parte del grupo de la Democracia Popular. Dijo que no había estrategia y que había arrogancia y exceso de confianza.
Bueno, lo que dijo este señor desde adentro se está evidenciando en los hechos: que se hayan dado esas concesiones para luego sentarse en la mesa de negociaciones, sin ya nada qué ofrecer, para que el otro comience a presionar por las cosas que no le habían dado aún.
Eso denota que no hay una estrategia adecuada de negociación, en efecto, ha habido una ausencia de estrategia.
Con las cosas como están, el Ejecutivo cediendo y la Conaie exigiendo, ¿qué queda por hacer?
El Gobierno tiene que hacer el uso progresivo de la fuerza. Tiene que retomar control del país, ordenar a las Fuerzas Armadas y la Policía que lo hagan.
Es un error haber entrado a estas, entre comillas, negociaciones. Más bien ha llevado a un deterioro de la situación y no a un alivio.
Ha quedado suficientemente evidenciado, excepto para los ciegos que no quieren ver, que la violencia está por parte de la Conaie y que el Gobierno tiene la obligación de restaurar el orden público, para eso existe el Estado.
¿Cómo se puede retomar el control del orden público si los dirigentes indígenas se rehúsan a ceder y consensuar?
Ellos están planteando exigencias excesivas, para supuestamente ceder, aunque todavía no demuestran que están dispuestos a ceder un ápice, a pesar de lo que ha cedido el Gobierno.
También hay exigencias legítimas y miles de manifestantes pacíficos, ¿es un callejón sin salida?
El asunto es que hay una falta de comunicación. El Gobierno puede recurrir primero a expertos en el área.
En el fondo, el mensaje es que en el primer año tuvo que ponerse en buenas condiciones la situación fiscal, que era insostenible, y que en el segundo año se va a utilizar los ingresos petroleros, hoy mermados por los indígenas, para mejorar la situación popular.
Que el Gobierno se va a dedicar a atender la economía y a mejorar la situación de la gente más pobre. Y no, eso no puede ser por un decreto y tener efecto de manera inmediata. Ese es el propósito que tenía para su segundo año el presidente Lasso.
Al ser tan imperiosa la restitución del orden público, ¿cómo puede lograrse sin que existan violaciones de derechos humanos?
Se puede retomar el control del Estado si hay disposiciones. Y si las personas en rebeldía no obedecen esas disposiciones, no se dispersan y están en lucha contra las fuerzas del orden, para seguir ocupando activos públicos, servicios, carreteras, y sufren algún daño físico en el contexto, eso no es violación de derechos humanos, es sencillamente estar en posición de confrontación con las fuerzas armadas y eso tiene un costo.
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