Campaña electoral: 31 días para la promoción de candidatos y referendo

La campaña electoral comienza el martes 3 de enero de 2023, y con esto la propaganda comenzará a difundirse a través de medios de comunicación y vallas. Pero esta jornada de promoción combinará a los miles de candidatos para las seccionales, los del Consejo de Participación Ciudadana y las preguntas del referendo constitucional.

Serán 31 días, en los que las organizaciones políticas y sus candidatos tienen para convencer al electorado de votar por ellos. En total, los ecuatorianos escogerán:

• 23 prefectos.
• 221 alcaldes.
• 1.307 concejales.
• 4.109 vocales de las juntas parroquiales rurales.
• Siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana.

Además, los electores tendrán que escoger entre las opciones 'Sí' y 'No' para las ocho preguntas del referendo del Gobierno.

Con el permiso de hacer propaganda formal en búsqueda de apoyos, vienen también las restricciones y controles. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya fijó los montos máximos que pagará por la promoción electoral.

El límite del gasto electoral

La principal regla que entra en vigencia con la campaña es el límite del gasto electoral, un techo fijado por la ley que el candidato u organización política debe respetar.

Dentro de este monto entra todo lo relacionado con la campaña, desde tarimas y camionetas hasta banderines y 'stickers'. Pero no incluye propaganda en medios ni vallas.

Los gastos de la campaña deben ser reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE), y no pueden superar estos límites para los candidatos a prefectos.

Y el límite para candidatos a alcaldes en 2023 será:

Las campañas electorales se financian con aportes que cualquier persona puede hacer para determinado candidato o lista; las empresas no pueden contribuir. Estos aportes pueden ser en efectivo o en especie, y deben ser registrados y reportados al CNE.

A este monto también se le debe imputar la campaña anticipada, que los candidatos han venido haciendo desde la inscripción de sus postulaciones.

Recursos públicos para promoción electoral

La Constitución establece que el Estado debe garantizar "de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral". Por esta razón, el CNE asigna a los candidatos un mismo monto para que lo destinen a publicidad en medios de comunicación y vallas.

Este dinero no lo entrega el CNE a las organizaciones políticas, sino que estas deben indicar dónde quieren pautar, y el Consejo paga directamente a los medios de comunicación.

El monto establecido para estas elecciones por cada candidatura en las elecciones 2023 es diferente para cada una de las dignidades, pues se fija de acuerdo al número de electores de cada jurisdicción.

Los candidatos u organizaciones políticas que no logren al menos el 4% de votos en estas y las próximas elecciones deberán devolver el 50% del fondo de promoción electoral.

Este artículo fue incluido en las reformas electorales para desincentivar el alto número de candidatos que se ha visto en anteriores elecciones y en la actual.

Restricciones para funcionarios públicos

Los funcionarios públicos que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de una licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Por ello, los alcaldes y prefectos que buscan ser reelectos ya no volverán al Legislativo.

Los candidatos, desde la inscripción, además no pueden participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos.

Durante la campaña electoral también se prohíbe la publicidad de las instituciones públicas, a excepción de estos casos:

• Cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre cierres o habilitación de vías u obras alternas.
• En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiera informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad y evacuación.
• Cuando es preciso informar temas de importancia nacional tales como: campañas de prevención, vacunación, salud pública, inicio o suspensión de períodos de clases, seguridad ciudadana, u otras de naturaleza similar.

Queda prohibido a las instituciones públicas la realización de eventos con artistas internacionales durante la campaña electoral. Y tampoco se permitirá que cualquier persona contrate propaganda sobre el proceso electoral en medios de comunicación.

Los candidatos no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, a excepción de los artículos promocionales reglamentados.

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