Pese al estado de excepción, secuestros y extorsiones se quintuplican en Guayaquil

En uno de sus argumentos para extender el estado de excepción por 30 días, un informe de la Policía reconoce que pese a los esfuerzos en las calles hay delitos que siguen en aumento. Dos de ellos son los secuestros y extorsiones a los ciudadanos.

Entre enero de 2024 y los primeros días de marzo, la cifra de ambos delitos ha llegado a 1.543 casos en Ecuador. Y en Guayaquil, una de las ciudades más castigadas por la espiral de violencia, las denuncias se han quintuplicado respecto al mismo periodo del año pasado.

Las estadísticas oficiales precisan que en Guayaquil entre enero y el 8 de marzo del año pasado la cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120.

Pero en el mismo periodo de este 2024 ese volumen trepó a 618, pese al estado de emergencia y hasta el toque de queda vigentes.

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A nivel de provincias, Guayas es la más impactada por este segmento de delitos con 650 casos reportados, seguida de Esmeraldas con 189, y luego Pichincha con 166 denuncias.

Según las autoridades, los delincuentes que secuestran o extorsionan exigen a cambio sumas que van entre USD 2.000 y 200.000 por cada víctima.

Secuestradores reincidentes 

En entrevista con Ecuavisa, el jefe policial de la Zona 8, Víctor Herrera, aseguró que muchos los detenidos por este tipo de delitos son reincidentes.

Lamentó que varios de ellos hayan abandonado pronto las prisiones y vuelvan a integrar las bandas criminales.

Solo el pasado viernes, la Policía había mostrado a la prensa a 13 personas sospechosas detenidas en operaciones contra secuestros y extorsiones, y varios de ellos tenían antecedentes por los mismos delitos.

Además, mencionó sobre la crueldad de los secuestradores, pues puso como ejemplo que a una víctima los delincuentes le cercenaron dedos como pruebas de vida y para amedrentar a los familiares con el cumplimiento de los pagos exigidos.

El pasado 8 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, que no llevaba ni dos meses en el poder, decretó el estado de excepción por 60 días ante la situación de conmoción y conflicto armado interno tras una serie de atentados.

Mientras que el jueves pasado, Noboa prorrogó el estado de excepción con el objetivo de "garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica".

Con las medidas excepcionales, el Gobierno de Noboa abrió una puerta legal para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el control de la seguridad interna del país, tanto en las cárceles como en las calles.