Ana Cristina Vera es directora de Surkuna, colectivo que vela por los derechos sexuales de las mujeres. Conversó en exclusiva con PRIMICIAS desde Ginebra (Suiza), en donde se presentaron cuatro demandas contra Ecuador, Nicaragua y Guatemala. En los tres países la legislación penaliza a las niñas víctimas de abuso sexual al negarles la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado y de riesgo.
Una decena de abogadas presentó hoy miércoles 29 de mayo de 2019 cuatro demandas que buscan la reparación integral en los casos de cuatro niñas menores de 14 años que fueron violentadas por padres, abuelos, funcionarios gubernamentales y hasta por un sacerdote.
Las niñas proceden de Ecuador, Guatemala y Nicaragua, países en los que no está permitido el aborto en caso de violación. Estas naciones fueron demandadas porque las cuatro niñas quedaron embarazadas y los estados fallaron a la hora de protegerlas.
El grupo de abogadas, que se llama Colectivo Golpe Regional, busca con la demanda que los países mencionados se hagan cargo de la reparación integral de las menores, lo que implica un resarcimiento económico, acompañamiento sicológico tanto para las niñas madres como para sus hijos y el acceso para ellos a educación, salud y vivienda.
La demanda fue acogida hoy por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dice en entrevista exclusiva desde Ginebra a PRIMICIAS Ana Cristina Vera, abogada de la Organización Surkuna, que vela por los derechos de las mujeres y quien representa el caso de Norma, la niña ecuatoriana que ahora busca una reparación.
¿De qué se tratan las cuatro demandas que se presentaron en Suiza?
El colectivo Golpe Regional interpuso cuatro demandas contra los Estados de Ecuador, Guatemala y Nicaragua. El objetivo es visibilizar el problema de la violencia sexual, la impunidad y la obligatoriedad que ejercen los Estados para que las niñas menores de edad que son violadas y quedan embarazadas producto de ese abuso sean madres.
¿Cuáles son las reparaciones?
Reparación económica, pero también rehabilitación, es decir, tratamiento psicológico para las niñas y sus hijos y acompañamiento a lo largo de las dos vidas. Debe existir ayuda para que puedan vivir dignamente y esa es una labor que tienen que cumplir los Estados.
También queremos que estos casos no se repitan. Exigimos que los países se comprometan a crear políticas para que no haya más abusos, como los que estamos demandando y que se diseñen planes de protección integral para las niñas.
El Colectivo Golpe Regional presentó la demanda ante la ONU, en Suiza. cortesía Ana Cristina Vera
Pero hay marcos legales, como el Código Integral Penal (COIP) que permiten el aborto en determinadas casos.
En Ecuador se permite el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo. Es decir, existen leyes que supuestamente protegen a las mujeres y niñas, pero hay desidia y despreocupación de los Estados para protegerlas. En los papeles todo es bonito y suena lindo, pero en la práctica esas leyes no se cumplen.
¿Por qué no se cumplen?
Falta voluntad política para hacer cumplir los derechos de las mujeres y de estas niñas que han sido violadas sistemáticamente. La violencia sexual y la maternidad forzada siguen latentes en nuestra sociedad y no existe un compromiso real para garantizar los derechos de las mujeres.
¿Esta demanda puede obligar al Estado ecuatoriano a cambiar la penalización del aborto en el COIP?
El proceso es largo y puede demorar cuatro años. Es por eso que buscamos que se conozca esta realidad para que se generen mecanismos de protección integral a las niñas y mujeres. Uno de ellos es la despenalización del aborto en casos de violación que se tramita en la Asamblea ecuatoriana.
"Falta voluntad política para hacer cumplir los derechos de las mujeres y de estas niñas que han sido violadas sistemáticamente".
Ana Cristina Vera, directora de Surkuna
¿Cómo es el proceso de la demanda?
El Comité de la ONU revisará, en primera instancia, si la demanda cumple con todos los requisitos para ser calificada. Luego debe enviar esa información al Estado, en este caso Ecuador, para que éste pueda defenderse.
Esa respuesta llegará al colectivo Golpe Regional que contra argumentará sobre lo que diga el Estado. Por último, toda esa información llegará nuevamente al Estado y ahí se declara admisible la demanda para que la ONU pueda emitir un fallo.
¿Cuál es la realidad del Ecuador en materia de protección a las niñas con relación a los otros dos países demandantes?
Nuestro país es el único en donde las tasas de embarazos en niñas menores de 14 años se han disparado. En 2015 eran de 2.5 por cada 1.000, mientras que en 2017 llegaron a ocho.
En Ecuador hay siete partos diarios de niñas menores de 14 años. En Nicaragua hay cinco partos diarios, mientras que en Guatemala son seis.
"Nuestro país es el único en donde las tasas de embarazos en niñas menores de 14 años se han disparado".
Ana Cristina Vera, directora de Surkuna
¿Qué pasa en Colombia o Chile cuando una niña es abusada sexualmente?
En los dos casos hay leyes que protegen a las niñas, a pesar de que en la región las cifras de violencia sexual son altas.
En Colombia hay más garantías para las niñas que han sufrido violencia sexual. Allí, ellas pueden decidir si continúan o no con el embarazo.
En Chile también pueden terminar el embarazo cuando ha existido violación, pero hasta la semana 14 de gestación.
En el caso ecuatoriano, Norma (nombre protegido) fue violada por su padre en reiteradas ocasiones desde los 12 años. A los 13 se quedó embarazada y tuvo un hijo. Pero la violencia no solo fue sexual sino también del sistema de salud, que no le garantizó un parto digno.
No hay que olvidar que una niña tiene tres veces más posibilidades de morir que una mujer adulta.
¿Luego de esta demanda, cuáles son los cinco estándares que esperan que cumpla el Estado en el tema de protección a las niñas?
La protección de los derechos de las niñas, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, promulgar el acceso a la Justicia y terminar con la impunidad, y que haya una reparación integral para las víctimas.
La violencia sexual es una de las formas de discriminación más extremas que existen contra las niñas.
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