La Agencia Metropolitana de Tránsito ha emitido 163 sanciones desde 2022. Solo seis terminaron en la destitución de los agentes.
Uno de los problemas que causa mayor preocupación entre las autoridades del Municipio de Quito es la corrupción enquistada en los agentes de tránsito.
Cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) muestran que entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2023 se registraron 399 denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción en contra los agentes de tránsito.
La mayoría está relacionada con el pedido de coimas a conductores que habrían cometido una infracción de tránsito.
Fernando Álvarez, director de Asuntos Internos de la AMT, reconoce que la entidad ha identificado altos niveles de corrupción entre sus funcionarios.
Aunque explica que no todas las denuncias terminan en sanción, pues muchas veces las investigaciones no prosperan por falta de pruebas o porque los conductores prefieren no continuar con el proceso legal.
Y las cifras lo confirman: de las 399 denuncias ciudadanas que llegaron a la AMT, apenas 163 terminaron en una sanción y solo seis escalaron hasta la destitución al considerarse faltas muy graves.
Según la AMT, las razones por las que los agentes fueron separados de la entidad tienen que ver con haber recibido coimas, asistir a trabajar en estado de embriaguez y por ausentarse del lugar de trabajo sin justificación.
Las demás sanciones derivaron en llamados de atención verbal o escrito, y en sanciones económicas menores al 50% del salario básico unificado.
Álvarez admite que separar a un agente de la entidad es un proceso complejo porque se trata de la sanción más drástica.
Y, aunque muchas veces el delito es flagrante, la destitución no llega.
El 7 de julio de 2023, Pamela (nombre protegido) perdió el control de su vehículo y chocó contra una vivienda, ubicada en el sector de Conocoto.
A pesar de que llegó a un acuerdo con los propietarios de la casa, uno de los tres agentes de tránsito que estaban en el lugar le dijo que debía pagar USD 300 por daños a la propiedad pública.
"Ellos me dijeron que tenían un contacto en la empresa eléctrica que podía arreglar el poste que se dañó con el impacto", recuerda.
En medio del ambiente tenso de la situación, y para evitar más problemas, un familiar de Pamela hizo una transferencia bancaria con el monto solicitado por los agentes.
Horas más tarde, la mujer descubrió que se trataba de una cuenta personal de uno de los agentes, por lo que denunció el hecho y los dos agentes fueron detenidos.
Sin embargo, un juez les concedió medidas sustitutivas y retomaron sus funciones en la AMT.
"Solo espero que se haga justicia porque este proceso me ha quitado la tranquilidad", asegura Pamela.
Depuración de la AMT
Ante los múltiples de casos de corrupción en la AMT, el alcalde Pabel Muñoz anunció una depuración en la entidad.
Aunque no dio mayores detalles, dijo que “si se detecta una flagrancia, el proceso sancionador debe continuar hasta las últimas consecuencias. No es viable que exista alguien corrupto identificado y, después de un procedimiento legal, sea reincorporado a las filas de la institución”.
Muñoz adelantó que el Municipio tiene previsto instalar cámaras en los uniformes de los agentes de tránsito para reducir los actos de corrupción o identificar a quienes comentes algún delito.
Fernando Álvarez, de la AMT, dijo que los agentes son sometidos a constantes capacitaciones para que conozcan las implicaciones legales que supone un acto de corrupción.
Denuncias en redes sociales
Las redes sociales se han convertido en uno de los principales canales para denunciar los presuntos actos de corrupción de los funcionarios de la AMT.
El alcalde Pabel Muñoz dice que en las últimas semanas conoció dos casos que se divulgaron en estos medios digitales.
No obstante, recuerda que las denuncias debe llegar ante la justicia para que se determinen responsabilidades.
Fernando Álvarez, director de Asuntos Internos de la AMT, aclara que el delito de cohecho involucra a quien paga y a quien recibe la coima.
Y, según el Código Integral Penal (COIP), la sanción puede llegar a tres años de prisión.
Lo último