Combate a las drogas en los colegios se hace sin un plan nacional y a ciegas

Recién el 24 de marzo de 2022, el Comité Interinstitucional de Prevención Integral de Drogas se reunió por primera vez en cinco años.

El Comité, creado en la Ley de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de Drogas (aprobada en 2015), lo coordina el Ministerio de Salud Pública (MSP) y participan varias instituciones del Estado. Y tiene como obligación crear la política pública contra las drogas.

“Desde 2017 a 2021, el Comité nunca se reunió ni se activó. No había articulación del Estado, no había respuesta del Estado”, admite Ignacia Páez, gerente de Salud Mental del MSP. 

Las consecuencias de esta falta de articulación están a la vista: el país no tiene una política pública en prevención de consumo de drogas. Tampoco, hay los lineamientos que deben seguir las demás instituciones del Estado y los gobiernos autónomos.

Última encuesta a jóvenes fue en 2016

Durante los últimos cinco años no se han actualizado los datos de consumo de drogas, tampoco se sabe cuántas personas tienen trastornos por su adicción, ni las edades, ni qué tipo de drogas están usando.

“La última investigación fue realizada en 2016 a los adolescentes en escuelas, colegios y universidades. De 2016 a 2022 hay un gran trecho, debemos tener nueva data”, asegura Páez. 

¿Qué se ha hecho en estos cinco años? Según la gerente de Salud Mental, se ha mantenido los servicios de los 12 Centros de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad).

También se ha ubicado las zonas vulnerables, un primer paso para llevar un plan de drogas cuando esté listo. Si se sigue el cronograma, posiblemente esto sea en 2023.

60.000 niños y jóvenes adictos 

Las atenciones en los Cetad muestran que 121.577 personas entre 20 y 39 años acudieron a uno de estos lugares, para tratar el problema de consumo de algún tipo de droga, en los últimos tres años.

En el grupo etario de 10 a 19 años, se atendieron a 60.082 niños y jóvenes en el mismo periodo de tiempo. 

La preocupación radica que con el regreso a clases presenciales, las mafias del microtráfico puedan recuperar un mercado que estaba creciendo antes de la pandemia: los estudiantes de colegios.

Un rector de un colegio del sur de Guayaquil, que prefiere mantener la reserva de su nombre y el de la institución, explica que el único plan de prevención que se realiza son charlas a los estudiantes “sobre que las drogas hacen daño”. 

Una de las gestiones de esta autoridad educativa fue pedir la presencia de los policías comunitarios, para que hagan patrullaje a la entrada y salida de clases.

La misma estrategia es compartida por la ministra del ramo, María Brown, quien pidió ayuda a la Cartera del Interior.

“Los operativos permanentes en los exteriores de las instituciones educativas, además de ayudar a disuadir, también ubican a personas que están expendiendo drogas u otros productos prohibidos para el consumo de menores”, dijo Brown.

Por otra parte, en la última prueba diagnóstica del Ministerio de Educación en febrero a 2.759 instituciones, se evidenció 18.812 derivaciones a los departamentos consejerías estudiantil. Y en 2.715 casos se activaron los protocolos de violencia y consumo de drogas.