El consorcio contratado para tratar 182.000 metros cúbicos de estos líquidos, provenientes de la descomposición de la basura, apenas logra procesar 100 metros cúbicos al día.
Los problemas en el relleno sanitario de El Inga (Quito) continúan y la Empresa de Gestión de Residuos Sólidos (Emgirs), no encuentra una salida de corto plazo para tratar los lixiviados (líquidos tóxicos, provenientes de la descomposición de la basura) y liberar espacio.
El 22 de septiembre de 2021, la Emgirs y el Consorcio Green Global firmaron un contrato por USD 4,5 millones para el tratamiento de 182.500 metros cúbicos de lixiviados acumulados en el relleno desde 2019.
A los pocos meses de la firma del contrato, el consorcio reconoció que "tuvo problemas en la gestión de los lixiviados", por lo que no pudo empezar con el tratamiento a tiempo, según la gerenta de la Emgirs, Silvana Hernández.
La funcionaria dice que esos problemas recién se resolvieron en abril de 2022, siete meses después de haber firmado el contrato.
En la actualidad, Global Green apenas procesa 100 metros cúbicos de lixiviados al día y no puede descargarlos al río Inga, pues la empresa no ha conseguido la licencia ambiental que le autorice a realizar esta actividad.
"Esos lixiviados permanecen en tanques de almacenamientos hasta poder hacer las descargas", admite Hernández.
Agrega que, ante la imposibilidad de tratar un alto volumen de lixiviados, el consorcio presentó un plan de contingencia que consta de tres fases y tiene como propósito mejorar el volumen:
- Desde el 10 de abril hasta el 10 de junio, el consorcio tratará 100 metros cúbicos diarios, mientras pone a punto su planta de procesamiento.
- La segunda fase, que empezará el 10 de junio, pero sin fecha de finalización, tiene como objetivo procesar 250 metros cúbicos cada día.
- En la última fase se prevé que el tratamiento llegue a 450 metros cúbicos diarios.
Hernández cree que el plan presentado por Global Green le permitirá cumplir con el contrato que establece un plazo de 820 días para el tratamiento de los 182.500 metros cúbicos de lixiviados.
Lixiviados de Quito fueron a la Amazonía
La presentación del plan de contingencia por parte del Consorcio Green Global ocurrió luego de que el 23 de marzo de 2022, habitantes del cantón La Joya de los Sachas (Orellana), denunciaran que tres camiones llenos de lixiviados extraídos del relleno de El Inga llegaran hasta esa comunidad para ser tratados en el sector conocido como La Parker.
Emgirs y el consorcio decidieron enviarlos a la provincia amazónica para que la empresa PECS Soluciones Ambientales trate los líquidos, ante la falta de capacidad de Green Global.
Tres camiones que con lixiviados extraídos del relleno sanitario de Quito en el cantón La Joya de los Sachas, el 23 de marzo de 2022. Frente de Defensa de la Amazonía.
La Emgirs justificó esta acción aduciendo que era parte de un primer plan de contingencia, que contaba con la autorización del Ministerio del Ambiente. Pero los habitantes de La Joya de los Sachas impidieron el paso de los camiones, que finalmente regresaron a Quito.
Tras las protestas, la empresa PECS Soluciones Ambientales firmó un acuerdo con representantes ciudadanos del cantón para suspender el transporte de lixiviados.
Más lixiviados acumulados
El contrato entre la Emgirs y Green Globe está dirigido solamente al tratamiento de los lixiviados que están acumulados desde 2019.
¿Qué pasa con los lixiviados que se producen diariamente? En el relleno sanitario de Quito se producen alrededor de 400 metros cúbicos diarios que actualmente son tratados por la Emgirs.
El problema radica en que la empresa municipal tampoco cuenta con la licencia ambiental para descargarlos al río Inga.
Mientras cumple los parámetros ambientales y consigue la autorización, la Emgirs utiliza los lixiviados semi tratados en actividades de riego del relleno sanitario. Lo que no usa en esta actividad lo sigue almacenando en piscinas.
Lo que busca Emgirs es evitar una nueva multa como la que recibió el 28 de enero de 2022, cuando el Ministerio del Ambiente le impuso una sanción de USD 127.500 al ser declarada responsable de infracciones ambientales.
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