Ahora, la Corte Constitucional puede continuar con el análisis de la demanda de Paola Roldán, quien busca la despenalización de la eutanasia en el país.
La Corte Constitucional de Ecuador negó un pedido de recusación de dos representantes de una organización identificada como provida contra dos juezas de ese tribunal que debe evaluar la demanda de Paola Roldán para despenalizar la eutanasia en el país.
"Se niega el pedido de recusación", falló la Corte el martes 23 de enero a la impugnación presentada por María de Lourdes Maldonado y Pablo Proaño contra las juezas constitucionales Karla Andrade y Daniela Zalazar.
Andrade y Zalazar forman parte del tribunal que lleva el caso por el que podría ser revisada la Constitución y permitir la eutanasia.
Maldonado y Proaño pertenecen a la organización Dignidad y Derecho, una fundación identificada con el movimiento provida, opuesta al aborto y a la eutanasia.
Los dos activistas presentaron el pasado 11 de enero la recusación contra las dos juezas al considerar que ellas han trabajado y serían supuestamente cercanas el abogado y académico Farith Simón, que patrocina a Paola Roldán, una mujer que padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que exige que el Estado le garantice una muerte digna.
La Corte no aceptó como prueba unas fotografías captadas en una reunión en una universidad en la que las juezas aparecen con el letrado y otras personas, pues consideró que "un observador razonable no podría objetivamente fundar una sospecha de parcialidad, basado en una fotografía oficial" de un centro académico.
Una vez que la recusación ha sido negada, la Corte Constitucional puede continuar con el análisis del pedido de Roldán y emitir una resolución.
"Ahora la Corte Constitucional puede decidir, y es urgente que lo haga, en función de las normas constitucionales y en protección de los derechos de Paola Roldán", dijo el abogado Farith Simon.
El caso ha tomado notoriedad en Ecuador desde que Roldán presentara el 8 de agosto pasado una "acción de inconstitucionalidad" contra el artículo 144 del código penal ecuatoriano, referente al homicidio, que condena a la "persona que mate a otra" con penas de diez a trece años de cárcel.
El pasado 20 de noviembre, la Corte Constitucional celebró la primera audiencia del caso, en la que Roldán participó mediante una videoconferencia.
"He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una muerte con dignidad", explicó entonces Roldán en la videoconferencia en la que estuvo acostada en su cama, asistida por respiración artificial y cuidada a cada momento por su esposo.
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