Aspirantes a policías deben asumir los gastos de sus equipos

El Gobierno ecuatoriano intenta fortalecer a la Policía con el ingreso de nuevos agentes para combatir el crimen organizado. Al momento, los expedientes de 8.500 aspirantes a policías son analizados para su reclutamiento, aunque deberán asumir los costos de sus equipos.

"Los candidatos deben comprar el uniforme, el cinto policial donde está el porta arma, el porta tolete, el gas", explica Marcelo López, director nacional de Educación de la Policía Nacional.

El oficial agrega que "esto corre por su cuenta, porque la ley no le permite al Estado proveerle de estos insumos porque son considerados civiles en formación. No hay un presupuesto para eso".

La crisis de seguridad ha obligado también a cambiar la malla curricular y el método de estudios para los nuevos candidatos a policías.

La formación que antes duraba un año en la modalidad presencial, se ha comprimido a seis meses presenciales y seis meses a distancia, mientras los nuevos policías cumplen tareas en el campo, dice López.

"Se han reforzados algunas materias, tomando en cuenta las nuevas formas de delitos, como por ejemplo la extorsión o los atentados con explosivos", dice López.

Policías también asumen gastos

Sin embargo, los aspirantes no son los únicos que deben comprar sus equipos, sino también los policías en servicio, a quienes les preocupa el armaje individual.

PRIMICIAS conversó con uniformados con más de 12 años de servicio y que pertenecen a las áreas tácticas operativas; es decir, los que realizan patrullajes en zonas conflictivas de Guayas.

Entre el equipamiento de trabajo que necesitan están el chaleco antibalas, gas pimienta, esposas, tolete y el arma con sus municiones. 

De todo esto, solo el arma y unas pocas municiones les han entregado a todos los uniformados, porque poco a poco fue disminuyendo ese abastecimiento. “Solo por una sola ocasión, en 2017, nos entregaron todo”, asegura un agente.

Los policías deben asumir los gastos de los equipos para trabajar. A unos les entregan de manera limitada entre 10 y 15 balas, pero en otros casos, “en más de siete años no me han dado balas”, como asegura un policía que tiene que conseguir las municiones por su cuenta.

Lo que tampoco es sencillo por la Ley de Armas. El policía no está autorizado a comprar municiones de forma directa, así que “les pedimos a quienes realizan tiro deportivo y tienen permiso de compra”. 

Una caja de 50 balas cuesta alrededor de USD 90 para el arma Glock, 9 milímetros, que usa la Policía.

“En cada operativo trato de llevar 15 y cuando practico procuro no ocupar más de tres”, asegura el agente.

Los policías no pueden comprar municiones, pero el Estado tampoco se las entrega.

Lo que trae otros inconvenientes, como por ejemplo, el control de las balas que disparan los policías, porque las municiones que les entregan están marcadas, y cada bala debe ser reportada.

Sin embargo, no todos los policías tienen las balas entregadas por el Estado. 

Los uniformes también corren por cuenta propia de los policías. La última vez que el Estado se los entregó fue en 2020 con un bono de USD 120, que tampoco fue suficiente y se ha actualizado por disposición de la Institución.

El uniforme consiste en pantalón, camiseta y camisa. Cuesta alrededor de USD 60, mientras las botas están entre USD 200 y USD 300, según la calidad. 

“Todo tiene sus tiempos”, dice Zapata respecto a los procesos de compra. “Ya tenemos los USD 35 millones para los chalecos, los cintos y el equipo básico; los USD 28 millones para la dotación de uniformes, USD 110 millones para seis UVC y 100 UPC”, añade.

Guerra desigual

La guerra contra el crimen organizado fue declarada hace más de un año por el presidente Guillermo Lasso, quien ofreció fortalecer con insumos a los policías que están en primera línea de combate.

Según el ministro del Interior, Juan Zapata, en 2022 van más de 60 policías asesinados y reconoce que los uniformados se enfrentan a los delincuentes que usan “municiones 223 y 564, que son armas largas de alto poder”, añadió. 

Sin embargo, la Policía sigue sin contar con los implementos básicos para ejercer sus funciones.

En las Unidades de Policía Comunitaria, ubicadas en las zonas más violentas de Guayaquil como Socio Vivienda 1, donde fue asesinada la policía Verónica Songor, hay patrulleros estacionados con las llantas bajas, en mal estado y sin utilizar.

Los policías consultados coinciden en que “los vehículos no están aptos para la reacción y el patrullaje”.

“Las camionetas que nos entregaron son las que están resistiendo, porque los patrulleros Kia están deteriorados, han sobrepasado el kilometraje, necesitan reparaciones que no se pueden hacer porque son costosas”, dice un agente.

“Si hay gasolina, significa que estamos en buen tiempo y rogamos que los carros no necesiten aceite o algún otro cambio porque eso impediría salir a patrullar o que nos dediquemos a repararlos”, añade. 

La falta de insumos llega hasta lo administrativo. La papelería y útiles de limpieza para las unidades también son limitados.